El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto de competencias presentado por el Gobierno central contra la subasta de fármacos de la Junta de Andalucía, lo que implica que se suspende la resolución de la Consejería de Salud andaluza sobre la convocatoria para la adjudicación de los medicamentos recetados por principio activo durante cinco meses. En ese plazo, el Constitucional decidirá si mantiene la suspensión cautelar de la resolución mientras dirime sobre el fondo del asunto o, por el contrario, permite a la Junta volver a activar la subasta hasta que haya una decisión firme sobre su constitucionalidad.
El pasado viernes, la consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, declaraba que la "subasta pública de medicamentos" seguiría normalmente después de que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 7 de Sevilla hubiera archivado una de las dos vías abiertas por el Gobierno de la Nación contra la resolución de la convocatoria de este concurso. Ahora, queda suspendida por la providencia de 8 de mayo en la que el alto tribunal recoge que la Junta de Andalucía tiene un plazo de 20 días para aportar las alegaciones que considere oportunas.
Según Europa Press, el Consejo de Ministros anunció el pasado 30 de marzo que presentaba el conflicto de competencias al entender que la orden andaluza fija un nuevo régimen legal no previsto en la legislación básica estatal. Ese planteamiento del conflicto ya comportaba la suspensión de la resolución. La resolución de la Consejería andaluza queda suspendida desde el día 2 de abril, fecha en la que se interpuso el conflicto. La decisión del Gobierno estaba avalada por un dictamen favorable del Consejo de Estado que cuestiona su adecuación al orden competencial y el Ejecutivo estimó que el nuevo mecanismo de formación de precios "reduce la oferta establecida" de las prestaciones garantizadas en Andalucía respecto a las garantizadas por su inclusión en la cartera de servicios comunes del Servicio Nacional de Salud.
La Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, al margen de los intereses generales, iba a realizar una convocatoria pública en la que participarían los laboratorios farmacéuticos para seleccionar, de entre los medicamentos comercializados con un precio autorizado igual o inferior al precio menor correspondiente, aquél que deberá ser dispensado por las farmacias cuando se les presente una receta identificada por sus principios activos. Además, para cada principio activo se seleccionaría un listado ordenado de menor a mayor coste final, del que se seleccionaría el primero y con el laboratorio preparador se suscribiría un convenio.
Además del correspondiente barullo autonómico que podría producirse en los precios de los medicamentos, lo que va contra el principio de cobertura nacional de salud en igualdad de condiciones para todos los españoles, el Gobierno consideró que la decisión andaluza "vulneraba las competencias estatales", al fijar la regulación de prescripción de medicamentos sin tener competencia para ello, ya que el Estado tiene la competencia exclusiva en materia de legislación farmacéutica. Igualmente se cuestiona el procedimiento porque "modifica la cartera básica de servicios" establecida por el Estado, "excluyendo prestaciones a las que podría acceder aplicando la normativa básica" y argumentaba que se vulneran las competencias estatales al establecer un régimen que "modificar la cobertura de la prestación de financiación de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud".
El propósito principal reconocido de la Junta de Andalucía era el control de gastos cifrándose que sólo en el primer año de desarrollo de las nuevas medidas se ahorrarían hasta 40 millones de euros. Todo el programa se centra en los tres grupos de fármacos más consumidos por los andaluces: protectores gástricos, estatinas (para reducción del colesterol) y los conocidos popularmente como licuefactores de la sangre (inhibidores de agregación plaquetaria).
La Junta de Andalucía acusó al gobierno de España de "frenar como sea la subasta y no entender que existe realmente una invasión de competencia, de ahí que junto a los recursos a los tribunales hiciesen esas llamadas de presión a los laboratorios", en referencia a que sólo cuatro laboratorios, de los 11 que en un principio se habían alzado con el concurso, acudiesen finalmente al acto de firma del mismo. El diario El País afirmaba el viernes pasado que el gobierno se había excedido en su intento de tumbar la subasta andaluza de medicamentos. Recordaba además que hay precedentes favorables a la Junta de Andalucía en el caso del catálogo de medicamentos de la Xunta de Galicia, recurrido al Constitucional por el Gobierno de Zapatero, el alto tribunal levantó la suspensión por el ahorro económico que la aplicación de la norma suponía para la comunidad.