Trinidad Jiménez anunció el pasado 3 de Junio, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que sería el Gobierno quien adelantase el pago, a petición e las comunidades autónomas. Se optó por realizar una compra centralizada que asegurase el suministro de España al mismo tiempo que el resto de países de nuestro entorno.

Los consejeros autonómicos acogieron con satisfacción el anuncio, al considerar el desembolso un “gasto inesperado” en la actual tesitura económica; pese a reconocer que las competencias de vacunación ya están transferidas a las CCAA.

Jiménez rehusó precisar tanto el desembolso, como la dosis que se se adquirirá, a expensas de definir los grupos de riesgo que recibirían la vacuna. No obstante, los consejeros señalaron que se barajaron cifras en torno a 12 millones de dosis, que inmunizarían entre el 25% y el 30% de la población. Posteriormente, el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, ha afinado algo más esta cifra y ha señalado que podría llegar a vacunarse hasta al 40% de los ciudadanos.

Mientras España prevé vacunar únicamente a los grupos de riesgo que determinen las autoridades sanitarias internacionales, países como Francia o Países Bajos han optado por reservar vacunas para la totalidad de la población. La Ministra de Sanidad defendió la estrategia española tanto en la reunión de ministros europeos de Sanidad en Luxemburgo, como en la de Suecia del pasado lunes. La mayoría de Estados Miembros defienden también la unificación de criterios y precios de las vacunas.

Las farmeceúticas como GSK, Novartis, Sanofi o Baxter están trabajando en el desarrollo de las vacunas, que estarán disponibles en torno a Octubre de este año. No obstante, no se inmunizará a la población hasta Diciembre, a la espera de los resultados sobre la incidencia del virus en los grupos de población.