La Fundación DeSevilla, organismo dependiente del Ayuntamiento y, según ABC, convertido en el búnker de Izquierda Unida (que gestionó en exclusiva el ente para transformarlo en agencia de colocación de sus militantes), también logró un expediente de regulación de empleo (ERE) al que se acogieron un total de 12 trabajadores, cuyos contratos quedaron extinguidos en verano tras la victoria del PP en las elecciones municipales. Es más que curioso que la totalidad de los empleados de la Fundación fueran militantes del PCA, partido de Antonio Rodrigo Torrijos, exedil de IU y protagonista de numerosos escándalos.
Dado que era conocido que el PP iba a eliminar esta fundación, Rodrigo Torrijos se dio mucha prisa para tramitar el correspondiente ERE para que sus camaradas pudieran beneficiarse del cobro de las cantidades acordadas y la Junta de Andalucía sencillamente dio carta de naturaleza al acuerdo entre empresa y trabajadores —unos y otros, del Partido Comunista -. De este modo, evitaron los despidos procedentes y se embolsaban más dinero de los sevillanos que, en algunos casos, podría estar por encima de las indemnizaciones reglamentarias que podrían percibir.
El ERE de la Fundación DeSevilla, donde el PP no tenía representantes a pesar de ser la segunda fuerza política, fue aprobado el 1 de julio, tras la toma de posesión del nuevo alcalde, Juan Ignacio Zoido. Al parecer, la tardanza en el examen de la situación posibilitó que la docena de empleados pudieran acogerse al plan de extinción de contratos.
Los "camaradas" beneficiados son la gente más próxima al gerente de la institución, Miguel López Adán, uno de los lugartenientes de Carlos Vázquez, vicepresidente de este organismo y "cerebro" de los comunistas locales.
Cuenta ABC que "López Adán, que tenía un sueldo en la Fundación de 64.700 euros anuales, fue destituido tras el relevo en el poder y ahora ocupa plaza en el grupo municipal de IU. Entre las trabajadoras incluidas en este ERE, por ejemplo, sí está una familiar cercana de Vázquez o una chica vinculada a López Adán por ser compañera suya en las «brigadas» y que había sido "recolocada" por IU en la Fundación procedente del Ayuntamiento de Camas, ha sido otra de las englobadas en el expediente de regulación. Como también el responsable del programa de alfabetización "Yo sí puedo", Ismael Sánchez, otro de los conocidos entre las juventudes del PCA. En este último caso cabe destacar que ese programa de alfabetización estaba subcontratado por la Fundación, que lo promovía, con lo que debe aclararse si Sánchez, coordinador en Sevilla del programa, era o no trabajador en nómina del organismo municipal."
Torrijos, los ERE y el acoso laboral
Antonio Rodrigo Torrijos, conocido en toda España por su famosa "mariscada" que se pagó con dinero público, es ya ex teniente de alcalde de Sevilla y fue imputado en el caso de los EREs de Mercasevillas, que investiga la juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. En agosto fue condenado además por acoso. El acoso lo ejerció contra la directora de la Oficina de la Bici de la capital hispalense.
Según EFE, el Juzgado de lo Social 6 consideró demostrado que Rodrigo Torrijos participó en una "actuación vulneradora de los derechos fundamentales" de la funcionaria, a la que destituyeron "por no querer acogerse a las órdenes y directrices del señor Torrijos".
Aunque en agosto ya no tenía responsabilidad en el gobierno municipal, la sentencia le condena a "cesar en su conducta de acoso" y a la Gerencia de Urbanismo de Sevilla a reponer a la funcionaria a un puesto "acorde con su categoría y formación".
Según los hechos que la sentencia considera probados, altos cargos de la Gerencia de Urbanismo y el propio Torrijos intentaron que J.G.J., directora de la Oficina de la Bici, paralizara y rectificara una proyecto de vías ciclistas en las barriadas sevillanas del Parque Alcosa y Polígono Sur, pese a que dicho plan estaba en marzo de 2010 "prácticamente ejecutado" y la empresa había llegado a cobrar por él.
La alta funcionaria se negó, alegando que tal modificación no podía realizarse porque el proyecto ya estaba elaborado y "respondía a una subvención con unos parámetros ya aprobados".
Torrijos y el vicegerente de Urbanismo intentaron obligar a la funcionaria a cumplir "una modificación del expediente que el propio Servicio de Contratación informa de que es viable, intentando así obligarle a asumir la responsabilidad de tal actuación, utilizando diversos medios para intentar paralizar el mismo, saltándose las competencias" de la demandante, añade el fallo.
En tal situación, y tras su descanso de la Semana Santa, J.G.J. se reincorporó a su trabajo y el 5 de abril de 2010, a las 08.00 de la mañana, recibió en su despacho la visita de Rodrigo Torrijos, quien "sin más, y en tono elevado, le manifiesta que va a ser cesada en su puesto porque está harto de ella", y ese mismo día la funcionaria recibió su carta de cese.