Galicia Bilingüe, Asociación por la Tolerancia (Cataluña), Círculo Balear, Libertad de Elección (País Vasco) y Plataforma Valenciana por la Libertad Lingüística han presentado esta mañana en una rueda de prensa celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, una iniciativa común con la que se solucionaría la vulneración de derechos lingüísticos que se está produciendo en varios lugares de España, y que supone un grave perjuicio para la formación de muchos niños y jóvenes, una restricción de derechos para los ciudadanos que prefieren ser atendidos en su lengua por las Administraciones públicas, y una traba para la movilidad de los ciudadanos españoles por el territorio de su país.
Basándose en la legislación que regula los derechos de los hablantes de las lenguas oficiales en las demás democracias con más de una lengua oficial, han elaborado un proyecto de Ley orgánica que, con el título de "Ley orgánica de derechos lingüísticos en España", ofrece una solución respetuosa y tolerante para los hablantes de las lenguas oficiales en todos los ámbitos afectados, desde el uso de la toponimia o el acceso a ayudas públicas hasta la Educación.
La ley tiene como eje central los derechos de los ciudadanos y se basa en los siguientes principios:
- Bilingüismo en la rotulación, información y documentación de los organismos oficiales
- Libertad de uso de lengua para los particulares
- Acceso a las ayudas públicas en igualdad de condiciones, sin aranceles lingüísticos.
- Elección de la lengua vehicular en la enseñanza.
El proyecto de Ley establece con precisión cómo aplicar estos principios y es especialmente prolijo al abordar el ámbito educativo, especificando cómo establecer un sistema de elección de lengua vehicular, un derecho cuyo reconocimiento legal fue avalado como constitucional por el TC en una sentencia de 1986. El sistema de elección propuesto es similar al de tres líneas vigente en el País Vasco, aunque aplicado con garantías. La asociaciones pro libertad de elección lingüística recordaron, que si bien el modelo con dos lenguas vehiculares podría tener bastante aceptación por parte de los padres en algunas CCAA, por ejemplo en Cataluña, resulta imprescindible que haya sido elegido por éstos y que se les oferte a los padres también el modelo de enseñanza en una de las lenguas co oficiales elegida por ellos. Es axiomático que como mejor aprende un niño es en su lengua materna, y hay que recordar que gran parte de la terminología específica no llega aprenderse en el idioma preferido si se estudian asignaturas troncales en una lengua diferente. Por otra parte, si la enseñanza en dos idiomas ha sido directamente elegida por los padres, es más probable que se exija su cumplimiento de forma equilibrada para evitar que se relegue de facto el uso del español a las asignaturas con menos carga lingüística y horaria, y que el modelo resulte viciado a causa de posibles incumplimientos, lo que en ambos casos está sucediendo en Galicia donde las asignaturas con más texto han de impartirse en gallego y donde 4500 profesores se han declarado públicamente insumisos y se niegan a impartir sus asignaturas en español, de manera que muchos alumnos de la enseñanza pública están de nuevo siendo sometidos a la inmersión. En todo caso, en ninguna democracia se les impide a los alumnos recibir toda la enseñanza en su lengua si ésta es oficial.
Dado que la Constitución restringe la ILP a materias de importancia menor, las 5 asociaciones propondrán a los partidos con representación parlamentaria que incluyan esta propuesta de Ley en sus programas electorales y han recordado que en 2009 el Partido Popular registró en el Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley Orgánica para garantizar la enseñanza en español en todas las materias y niveles en España. Para ello se basó en el artículo 149.1 de la Constitución Española, uno de los artículos que invocan las 5 asociaciones para asegurar la constitucionalidad de esta Ley, ya que la Constitución permite aprobar normas que vinculen a las Comunidades Autónomas aun en materias de su exclusiva competencia. Asimismo, el sistema de elección de lengua vehicular supondría un correcto cumplimiento de la Carta Europea para las Lenguas Regionales o Minoritarias en los mismos términos en que fue ratificada por el Gobierno español y tal como se aplica en diversos países, como Finlandia o el Reino Unido, donde los padres eligen la lengua vehicular. Es la única manera constitucional de cumplir con los compromisos adquiridos, y se aplica en estos países desde hace años, independientemente de que gobiernen partidos conservadores o socialdemócratas. En la elaboración del texto de la proposición de ley las asociaciones han contado con el asesoramiento legal del jurista y Ministro de Presidencia y Educación de Adolfo Suárez, José Manuel Otero Novas
Paralelamente, las 5 asociaciones han iniciado una campaña de apoyo a la proposición de ley en la pagina www.unaleyparatodos.com, donde, además de informar sobre cómo se vulneran los derechos lingüísticos en Cataluña, Galicia, El País Vasco, Valencia o Baleares, cualquier ciudadano español podrá apoyar con su firma esta iniciativa. Cansados de ver como por motivos políticos o económicos, la imposición lingüística se está implantando en mayor o menor medida en 5 Comunidades Autónomas y de mendigar unos derechos que los ciudadanos de otros países tienen reconocidos desde hace tiempo, promocionarán conjuntamente el apoyo a esta Ley en toda España para así solucionar definitivamente este problema de la única forma posible: respetando los derechos de todos.