El pasado mes de mayo la localidad murciana de Lorca se vio sacudida por el mayor terremoto ocurrido en España en los últimos treinta años. Nueve personas murieron, decenas resultaron heridas y miles desalojadas como consecuencia del temblor de magnitud 5,1 que fue precedido de un movimiento sísmico de 4,5 en la escala Richter.
El epicentro se localizó en la sierra de Tercia, en el término municipal de la localidad murciana. El seísmo provocó más daños entre cinco y 10 kilómetros al noreste del casco urbano, cerca de la autovía de Murcia, y se ha sentido con fuerza en varias poblaciones de la región, como la capital, Mazarrón, Cartagena y Águilas, e incluso se ha notado en otras provincias como Almería, Albacete y Madrid.
Un día después, los lorquinos deambulaban por una ciudad con el 80 por ciento de los edificios dañados, y tomada por los efectivos de emergencias de todo el país que ayudaban a unos ciudadanos deseosos de rehacer sus vidas y regresar a sus viviendas. El daño provocado por el terremoto en los edificios históricos fue calificado como "la mayor catástrofe patrimonial ocurrida en Europa durante los últimos años". Pero la peor parte se la llevaron los vecinos que no podían volver a su casa al no ser seguro.
Para informar sobre el estado de deterioro de las viviendas, Protección Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME) empezaron a evaluar los daños, poniendo a disposición de los ciudadanos de Lorca una oficina improvisada en la Plaza de España, donde se les informaba sobre el estado de sus casas. En los muros y puertas de las viviendas, se ideó un sistema de colores: una pintada o pegatina verde indicaba que se podía acceder a la casa sin riesgo y habitarla, una de color amarillo indicaba que se podía entrar para recoger pertenencias y salir y una pintada o pegatina roja informaba que no se puede acceder a la casa, por daños estructurales. Con el paso de los días se comenzó a marcar de color negro las viviendas con la declaración de ruina.
El día 13 de mayo, el consejo de ministros aprobó un Real Decreto Ley35 por el que se establecían las primeras ayudas e indemnizaciones para paliar los daños del seísmo.
Al día siguiente del terremoto, el Ministerio de Economía y Hacienda informó de que el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), entidad pública dependiente de este Ministerio, asumiría el coste de las indemnizaciones derivadas del movimiento sísmico.
Sin embargo, a día de hoy hay aún familias en Lorca que no han podido volver a su hogar. Viven en casas prefabricadas. Estas 60 personas vivían en las viviendas sociales de San Fernando, que se construyeron con motivo de la inundación de 1973 en la Alameda de Cervantes, pero el terremoto las dejó inhabitables y es preciso derruirlas. Tras los seísmos, estos ciudadanos fueron alojados en un campamento cercano, en el barrio del mismo nombre. Esta Navidad será una de las más tristes de su vida.