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Investigan el nombramiento y usurpación de funciones en una agencia de la Junta

Nuevo paso al frente en la lucha contra la reordenación del sector público impuesta por José Antonio Griñán.

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Los funcionarios no quieren que personal no funcionario designado por el gobierno socialista tenga autoridad dentro de la Administración. Debido a ello, el Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla ha admitido a trámite la denuncia penal presentada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía, SAFJA, contra el actual Secretario del Consejo Rector de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA) y contra todas aquellas personas que pudieran resultar responsables. A través de la página web de la citada Agencia, SAFJA tuvo conocimiento de la persona que ostenta el cargo de Secretario del Consejo Rector de AMAYA, persona con un contrato laboral privado en EGMASA y que no es funcionario ni empleado público.

Por tanto, desde ahora, un juzgado investiga el nombramiento y posible usurpación de funciones del Secretario del Consejo Rector de la AMAYA, denunciado por SAFJA. 

SAFJA, según su nota, ha sacado la artillería pesada contra la reordenación y la Justicia responde abriendo la investigación a un posible delito.

Es preciso comprender el trasfondo político y laboral del caso. Es sabido que durante más de veinte años la Junta ha tejido un extenso sector público donde no se ha tenido en cuenta ni mérito ni capacidad ni publicidad para el acceso de personal. De ahí la calificación de enchufismo. Ante la posible pérdida de las elecciones, el PSOE ha tratado de "meter" a todos estos trabajadores en la Administración Pública mediante la creación de Agencias. Pero asimismo ha intentado que estos trabajadores pueden ser jefes de los funcionarios, lo que ha ocasionado la indignación general.



En la denuncia, vía penal, que continúa su curso, el Sindicato entiende que los hechos denunciados podrían ser constitutivos, entre otros, de un presunto delito de usurpación de funciones públicas,  regulado en el capítulo V del Título XVIII del Libro II del Código Penal, que se castiga en el artículo 402 con pena de prisión de uno a tres años. Este tipo de delito es de simple actividad y puede cometerlo cualquier persona, incluso una autoridad o funcionario público que realice actos que estén fuera o al margen de su competencia específica.



En diciembre del pasado año, otro juzgado, el número 9 de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, también admitió a trámite un recurso presentado por SAFJA por el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales contra una Resolución donde se delegaron competencias públicas a los órganos directivos de la Agencia del Servicio Andaluz de Empleo, cuyo Director es personal laboral.

Así, se abrió otra línea de investigación paralela en el contexto de la polémica "agencialización", contra la que SAFJA a interpuesto más de una treintena de denuncias directas y más de un centenar contra la Administración Paralela.

Además, SAFJA continúa con las concentraciones en varias provincias de Andalucía contra la reordenación. En la denuncia admitida a trámite, SAFJA deja claro que el actual Secretario del Consejo Rector de la AMAYA no es personal al servicio de la Administración Pública, y no pertenece a la Consejería de Medio Ambiente en la Junta, sino que es profesional laboral con contrato privado en EGMASA. Sus actuaciones, funciones y actas no gozan de fe pública ni de presunción de certeza.

No obstante, desempeña y ostenta públicamente la titularidad del a Secretaría, de la Agencia, tal y como se publica en la web de la AMAYA.

 Además, vulnerando la Ley, se desconoce el código del puesto que ocupa el susodicho en la Agencia, las características esenciales mismo, la nómina pública que recibe, su número de registro general de personal, su nuevo nombramiento, ya que siempre ha sido personal de EGMASA.

Sin embargo, las competencias y funciones públicas que tiene ahora atribuidas y que desempeña, al ser titular de la Secretaria del órgano Rector de la Agencia AMAYA, son las reseñadas en la normativa vigente.

Por ello, SAFJA espera que la Justicia indague los entresijos de este nombramiento y que exija, tal y como el Sindicato hace en la denuncia, a la Administración que se aporte todos los datos y documentación que determina la Ley, contratos de trabajos del actual Secretario con EGMASA y con la Administración de la Junta desde que presta sus servicios en ambas; contenido, funciones y competencias que realiza, con enumeración pormenorizada.

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