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CASO DE 'NIÑOS ROBADOS'

Una de las víctimas de Sor María: "Si no lo paga aquí, lo pagará arriba"

Las víctimas de la trama de niños robados han comenzado este martes de declarar en los juzgados de Madrid.

ld/ agencias

Pilar Alcalde, que fue sustraída de su madre en marzo de 1982 y con la que se reencontró 29 años después, ha asegurado este martes a las puertas de los Juzgados de Instrucción que si la monja Sor María G.V. "no lo paga aquí", sabe que lo pagará "arriba" en alusión a la única religiosa implicada en el 'caso de los niños robados' en hospitales madrileños y de toda España entre 1940 y 1990.

La joven ha acudido a los Juzgados para declarar junto a su madre, Maria Luisa Torres, ante el juez de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, y acompañadas por el abogado Guillermo Peña, que representa a la asociación SOS Bebés Robados.

Entretanto, cerca de una treintena de afectados se han concentrado en esta sede judicial para respaldar a Maria Luisa y a Pilar, así como para reclamar al Ministerio de Justicia que ponga en marcha un banco de datos para cotejar pruebas de ADN entre personas implicadas en desapariciones.

La denuncia, que ha sido ratificada, es la primera que se judicializa en España del 'caso de los niños robados' después de que la Fiscalía de Madrid apreciara indicios de delito de detención ilegal. Se trata del caso de esta madre que dio a luz a su hija en marzo de 1982 en la clínica Santa Cristina de Madrid.

Gracias a un programa de televisión, madre e hija se reencontraron hace un año. La familia adoptiva de Pilar, que declarará ante el juez, siempre mantuvo la versión de que la niña fue abandonada porque su madre no tenía medios para cuidarla.

Tras la declaración, el juez deberá ahora decidir si sigue adelante con la investigación y si llama a declarar a Sor María por un delito de detención ilegal o sustracción de menores. El letrado de la asociación ha precisado que este delito, que tiene un carácter de permanente, no está prescrito hasta que no se repara el daño.

A su llegada a los juzgados, la joven ha manifestado que se encuentra "muy feliz", ya que lo que quiere "es que salga la verdad". Para ella, el "castigo" para Sor María sería "acabar en la cárcel porque ha hecho daño a muchas familias que están sin identidad". "Si no lo paga aquí, sé que lo pagará arriba", ha señalado en referencia a la imposibilidad de que pueda ingresar en un futuro en prisión por su avanzada edad.

Por su parte, María Luisa Torres, ha asegurado que lleva muchos años esperando este momento. "Vamos despacio con la justicia pero espero que a partir de ahora se den pasos agigantados porque esto no es un caso aislado. Es hora de que se empiece a investigar", ha recalcado la mujer.

Según María Luisa, Sor María le manifestó después de que naciera su hija que había fallecido, si bien luego se retractó y le comentó que la había dado en adopción a una familia francesa. "Me dijo que me la quitaba por adultera", ha señalado.

Tras salir de declarar, María Luisa ha asegurado que el interrogatorio ha sido duro e incisivo en aras a que el magistrado sepa toda la verdad. "Tanto sufrimiento no puede quedar así. Tiene que haber Justicia", ha aseverado visiblemente emocionada ante la maraña de periodistas concentrados.

Momentos antes de los interrogatorios, el abogado Guillermo Peña ha destacado que la investigación está en "una fase muy prematura", por lo que no descarta de que pidan que se tome declaración a algunos de los médicos implicados en la trama.

"Se trata de investigar y llegar al esclarecimiento de los hechos. Es un impulso porque supone un avance en la investigación porque vienen a declarar sobre hechos que hasta ahora eran hipotéticos", ha aseverado el letrado.

Asimismo, Peña ha señalado que en el caso de los niños robados se repiten muchos nombres en alusión a Sor María y a otros doctores implicados.

Por ello, el juez deberá ahora delimitar la responsabilidad de cada uno de los vinculados en esta trama que se extiende por toda España y que aglutina más de 1.000 denuncias. "Esto es una cuestión incómoda para cualquier estado de Derecho", ha dicho.

Según el letrado, se persigue la reparación moral de las víctimas. "Las víctimas quieren que se reconozcan las cosas que se hacían con el encubrimiento de los responsables", ha indicado.

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