José Ignacio Wert y Ana Mato han presentado los cambios normativos para ahorrar 10.000 millones de euros en Educación y Sanidad, confirmando los puntos que fueron adelantados esta semana tras las reuniones con las comunidades autónomas.
Entre las novedades, Wert ha señalado que el Real Decreto-Ley de medidas educativas incluye a las universidades en el ámbito de aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
"En ese sentido, hay más rigor en el establecimiento del límite de gasto anual, una referencia expresa al cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financieros y unas consecuencias punitivas en el caso de que se produzca una desviación", ha señalado.
El sistema de sanción estaría a cargo de las comunidades autónomas, según el Ministerio de Educación, con la idea de que se garantice la estabilidad presupuestaria de las universidades en la redacción y liquidación de las cuentas. Aunque no ha llegado a aludir a la Universidad Complutense y sus problemas económicos, sí ha hablado de que hay algún caso de universidad cuyo estado real no conocía la comunidad autónoma a la que pertenecía.
Se trata de "evitar y prevenir" el caso de una "importante universidad", que no ha precisado por su nombre, con "un desequilibrio económico muy importante que no era conocido" ni siquiera por la comunidad que la financia.
En cuanto a las matrículas de las universidades públicas, los alumnos que no sean ciudadanos de la UE o no tengan residencia en España abonarán "el cien por cien" del coste efectivo de las titulaciones, excepto en los casos de acuerdos de reciprocidad o de de ciertos beneficios con los países de origen.
Por otro lado, la ministra de Sanidad ha confirmado las medidas propuestas para ahorrar, según el Gobierno, más de 7.000 millones en Sanidad. Mato ha anunciado la reforma "estructural y no coyuntural" como una forma de "garantizar los derechos básicos de los españoles" y, si bien ha reconocido que "es difícil para algunos ciudadanos y exige sacrificios" ha asegurado que es imprescindible dado el actual déficit sanitario de 16.000 millones de euros.
Frenar el abuso de los extranjeros
La primera de las medidas será poner en marcha diversos mecanismos para frenar los "abusos y la utilización indebida" del sistema sanitario español que realizan muchos ciudadanos extranjeros, tanto de la Unión Europea como de otras zonas.
La ministra ha asegurado que según un informe del Tribunal de Cuentas en 2009 el coste de estos abusos llegaba a 917 millones, y eso contando sólo lo correspondiente a los ciudadanos de otros países de la Unión Europea.
En este sentido, se cambiará la Ley de Extranjería para evitar estos abusos y se exigirán una serie de requisitos para acceder al empadronamiento y, por tanto, a la tarjeta sanitaria. Además, se incorporará un artículo de una directiva europea que prohíbe expresamente viajar a otros países de la UE a recibir tratamiento médico, artículo que hasta ahora se había excluido de la legislación española.
Copago farmacéutico
Ana Mato ha anunciado también la extensión del copago farmacéutico, medidas que no ha justificado sólo por el ahorro sino por la necesidad de "poner en valor el medicamento e instar al buen uso del mismo", recordando que cada año "se tiran 3.800 toneladas de medicamentos al año", sólo en los puntos habilitados para ello.
Así, si hasta hora sólo las personas en activo y los funcionarios pagaban parte de sus medicamentos (un 40% los primeros, un 30% los segundos), a partir de esta reforma todos los usuarios del sistema pagarán parte del coste de sus medicinas a excepción de los pensionistas que perciben pensiones más bajas, las rentas de reinserción y los parados que se hayan quedado sin prestación.
Esto significa que los pensionistas con una pensión inferior a los 18.000 euros al año pagarán un 10% del valor de sus medicamentos, con un límite de ocho euros al mes. Por su parte, los que tengan una pensión de más de 18.000 euros pagarán también un 10%, pero con un límite de 18 euros al mes.
Por su parte, los trabajadores en activo pagarán como hasta ahora un 40% del valor de sus medicamentos siempre que tengan rentas bajas; los de rentas medias (la ministra no ha explicitado el umbral) pagarán un 50%; y, por último, los de rentas superiores a 100.000 euros pagarán un 60%.
Plataforma de compras
Las medidas de ahorro se completan con el establecimiento de una plataforma centralizada para unificar las compras en el ámbito sanitario de las diferentes comunidades autónomas, una medida con la que se espera obtener un ahorro anual de entre 1.000 y 1.500 millones de euros, según los datos obtenidos de experiencias similares en otros países.
Del mismo modo, se establece una cartera básica de servicios para toda España con la que la ministra espera asegurar una "asistencia sanitaria de calidad en todos los territorios".
Además, y para controlar esa calida se va a crear "una Red de Agencias" que se dedicarán a evaluar los servicios y las prestaciones sanitarias de las diferentes comunidades, un organismo que según la ministra será similar al NICE británico".
Con este conjunto de medidas Ana Mato ha afirmado que se podrá en marcha "un modelo más eficaz y más eficiente", así como "garantizar nuestro magnífico sistema sanitario, público, universal, gratuito y de máxima calidad".