Al mismo tiempo que Izquierda Unida llamaba a la rebeldía contra la reforma laboral, la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, ha lanzado un duro ataque contra la política sanitaria del gobierno de la Nación y lo ha hecho desde la propia página web de la Consejería, con dinero de todos los andaluces aunque la suya es una posición de partido. En esa página, la consejera expresa su convicción de que el PP ha recortado los derechos sanitarios de los españoles y que su política retrotrae a los ciudadanos a la época de la beneficencia.
En su Comunicado de la Consejería de Salud tras la publicación del Real Decreto-Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (24/04/2012), se afirma que "la intención del gobierno es desmantelar el Sistema Nacional de Salud" y que "pone en jaque una de sus características básicas: el acceso universal de todos los ciudadanos a la asistencia sanitaria pública". Una vez conocida la letra pequeña del Real Decreto, se confirman los temores, dice, que se venían anunciando desde esta Consejería sobre la intención del Gobierno central de desmantelar el Sistema Nacional de Salud tal y como lo conocemos hoy en día.
Añade que "el gobierno...se retrotrae a la normativa de los años 70/80, previa a la Ley General de Sanidad". Es más, el texto del Decreto supone una auténtica contrarreforma del modelo del Sistema Nacional de Salud y cambia en la práctica el modelo que hasta ahora había permitido conformar un sólido Sistema Nacional de Salud y se retrotrae a la normativa de los años 70/80, previa a la Ley General de Sanidad. Entonces, existía un modelo de aseguramiento que se superó cuando se conquistó (por esta norma del 86) un derecho universal que garantiza la protección de la salud a todos los españoles. Este cambio de modelo significa que se pasa de una sanidad pública, universal y gratuita para todos los ciudadanos a una sanidad sólo para los asegurados y la beneficencia".
Sigue diciendo que "se trata, en definitiva, de un embate a la justicia social y al Estado de Bienestar que impacta sobre todo en las clases medias en las duras circunstancias económicas que sufre el país que son, por otra parte, los que más contribuyen a su sostenibilidad. Además, la Consejería pone en duda de que el Gobierno pueda utilizar un Real Decreto de Medidas Urgentes para introducir cambios estructurales sobre el sistema sanitario, por lo que los servicios jurídicos de Salud están estudiando la norma para ver cómo afecta a la Constitución, a las competencias autonómicas y a las leyes orgánicas como la de Extranjería".
Por si fuera poco, se explica que "con este Decreto, los ciudadanos españoles pierden su derecho universal a la protección de la salud y la atención sanitaria y se sustituye por la condición de asegurado, una condición que tiene que ser reconocida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y que se limita a trabajadores afiliados a la Seguridad Social, pensionistas, parados que reciban prestación por desempleo y demandantes de trabajo; así como los antiguos colectivos pertenecientes a la beneficencia (personas que acreditan no tener ningún tipo de recurso). Como ejemplo, los jóvenes mayores de 26 años y sin empleo previo (principalmente estudiantes) no tienen derecho a la atención sanitaria no urgente salvo que soliciten y acrediten estar por debajo de los ingresos que se determinen reglamentariamente."
Luego insiste de nuevo en que "se vuelve, por tanto, a una situación similar al sistema insolidario que existía en España en los años 70, donde sólo tenían derecho a la prestación sanitaria los que cotizaban a la Seguridad Social y "la beneficencia".
Asimismo acusa al gobierno de establecer el copago sanitario y pone un ejemplo: "Una ambulancia cuesta alrededor de 60 euros diarios de manera que, por ejemplo, alguien que acuda a rehabilitación todos los días para recuperar la movilidad tendrá que hacer frente a un importante desembolso. Hay que recordar que los colectivos que se benefician de esta prestación son las personas que requieren rehabilitación, pacientes en hemodiálisis o personas en tratamiento oncológico y siempre cuentan con indicación facultativa. A este nuevo copago se suma el ya anunciado incremento en la aportación que hacen los ciudadanos sobre los medicamentos. Con este nuevo sistema impuesto por el Gobierno del PP, por primera vez en la historia del Sistema Nacional de Salud, 1,5 millones de pensionistas andaluces que hasta ahora no pagaban nada por sus medicinas tendrán que empezar a pagar el 10% de los medicamentos que necesiten".
Finalmente, la consejera se centra el desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud tal y como viene funcionando desde el año 1986, en que se limita la capacidad de las comunidades autónomas y supone una recentralización de las competencias en materia de sanidad bajo la coartada económica".