La historia del carbón es convulsa y durante siglos se viene formulando la misma pregunta: ¿tiene el sector los días contados? Su auxilio crónico se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX cuando ya entonces no fue capaz de competir en precio con el mineral británico, ni ahora con el de los grandes productores.
Este problema de competitividad no ha hecho sino agravarse desde entonces, pero la organización de los sindicatos mineros, el respaldo de las fuerzas sociales y políticas y distintas presiones han conseguido retrasar su cierre, aunque no evitar un ajuste acelerado a partir de los años 80. En ese momento comenzó la reconversión industrial en la minería y en la siderurgia, al igual que sucedió en Inglaterra, con el cierre masivo de pozos mineros, lo que llevó a largas huelgas. Para entonces, la extracción subterránea de carbón en Asturias ya no era rentable debido a su alto coste y a su sustitución por otras fuentes de energía como la electricidad, el gas natural y los derivados del petróleo.
Fue a partir de los años 90 cuando la Unión Europea concedió las primeras subvenciones, que popularmente se llamaron "fondos mineros" y que permitieron construir infraestructuras. Sin embargo, no dinamizaron lo suficiente la creación de empleo. Pero el anuncio de Bruselas, en julio de 2010, de que las ayudas públicas sólo se podían prorrogar hasta 2014 –se dijo en ese momento– volvió a poner fecha a la muerte del sector. Luego, el plazo para mantener estas ayudas estatales se amplió hasta diciembre de 2018 con el objetivo de ir reduciéndolas paulatinamente.
Este plan lo acordó el Consejo de la Unión Europea bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Incluso el propio socialista español Joaquín Almunia dijo en julio de aquel año, 2010, desde Europa que el objetivo era "garantizar el cierre definitivo de las minas no competitivas antes del 15 de octubre de 2014. No debe haber ninguna duda al respecto". Es más, añadía que "las empresas tienen que ser viables sin subvenciones. No es sólo una cuestión de justicia para los competidores que operan sin ayudas estatales, sino que también revierte en el interés de los contribuyentes y de unas finanzas públicas que se encuentran en un contexto de austeridad". "El camino a seguir", señaló, "es el de las energías renovables y limpias".
Los mineros enfurecieron entonces y opinaron que este acuerdo vulneraba la decisión comunitaria que en 2003 estableció que el carbón se trataba de una "reserva estratégica". Almunia también criticó este argumento esgrimiendo que el mineral europeo apenas representaba el 1,4% del abastecimiento de consumo energético de la UE.
Sin embargo, es ahora el PSOE el que abandera la causa minera. No dudó esta semana, en la que los trabajadores han actuado con más violencia desde que anunciaran la huelga indefinida, en recibir a sus mujeres en el Senado que interrumpieron la votación de los Presupuestos Generales del Estado al grito de "hijos de puta" dirigidos a los senadores populares.
En agosto de 2011, con Zapatero aún en la Moncloa, el Ejecutivo socialista comunicó a Bruselas el plan que había elaborado, en el que cabían dos opciones: o bien el cierre de todas las unidades de producción antes de 2019 o, si no, la devolución íntegra de todas las ayudas recibidas. El actual Gobierno de Mariano Rajoy quiere llevarlo adelante, por lo que ha decidido reducir en 200 millones de euros las ayudas al carbón hasta el 31 de diciembre de este año.
El carbón nacional, más caro y contaminante
Y es que los costes para extraer este mineral son muy altos. A eso se suma el hecho de que las empresas energéticas españolas prefieren el carbón de importación, más barato que el nacional y menos contaminante, y sólo consumen este último si el Estado les subvenciona su adquisición.
Pero, por otra parte, el carbón es el único recurso energético abundante que tenemos en España; el gas y el petróleo debemos importarlo de zonas inestables políticamente. De ahí que los distintos Gobiernos se hayan resistido a abordar el problema y a prescindir por completo de este mineral.
Las subvenciones al carbón "han deformado Asturias o León"
Además, en la actualidad, existen zonas de "monocultivo industrial" que se han convertido en dependientes económicamente de la actividad extractora del carbón o de procesos anexos. Las comarcas mineras de carbón en España son: Asturias, Galicia, Castilla León, Aragón, Cataluña, Castilla La Mancha y Andalucía. La plantilla está compuesta en la actualidad por 4.000 personas. Sólo en Asturias viven indirectamente unas 10.000 personas.
Para el consejero de Libertad Digital, Alberto Recarte, estas subvenciones "han deformado Asturias o León" y si criticamos el PER, "debemos hacerlo con cualquier tipo de subvención", señala el consejero. "La minería debería haberse cerrado en los años 80. Se hizo un esfuerzo tremendo con un coste elevadísimo para los españoles". Si no se quiere cerrar las minas, "que cada mina haga lo que considere oportuno", que se eliminen las "subvenciones públicas", considera.
Los beneficios de los trabajadores
No sólo de ayudas directas del Estado se beneficia la minería, sus trabajadores disfrutan de unas condiciones de prejubilación especiales, debido a la peligrosidad asociada a su profesión.
Esto hace que el 33% de los mineros se prejubile entre los 42 y 44 años. Otro 29% lo hace entre los 45 y 49 años. Un 17% entre los 50 y 54 años; un 16% antes de los 42 años. El porcentaje baja considerablemente (4%) entre los que deciden hacerlo a partir de los 55 y hasta los 59 años, quedándose en tan sólo un 1% los que deciden prejubilarse a partir de los 60 años y hasta los 64. Las pensiones que reciben pueden llegar hasta los 2.600 euros.
El actual ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, este mismo viernes ha ofrecido una serie de datos interesantes. El ministro, que ha asegurado que no hay más "margen de maniobra" para otorgar más ayudas al carbón, ha apuntado que la minería –que emplea a 4.000 personas– recibe una dotación de 655 millones de euros. Mientras, el turismo, que genera más del 10% del PIB y ocupa a dos millones y medio de personas, tiene un presupuesto "sensiblemente inferior", de 438 millones, apuntó Soria.