Las piscinas cubiertas, las televisiones planas en las celdas... Los excesos del pasado en materia penitenciaria están a punto de acabarse. Así lo aseguró este jueves el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, quien avanzó que el ministerio del Interior revisará el plan de infraestructuras penitenciarias vigentes.
"La Secretaría de Estado va a proceder a revisar el plan de infraestructuras penitenciarias. Se va a reconsiderar la necesidad de llevar a cabo las infraestructuras pendientes de ejecución, valorando la evolución de la población penitenciaria, las previsiones de crecimiento futuro y las necesidades de plazas penitenciarias en las comunidades autónomas", dijo.
Tras esto culpó al anterior gobierno socialistas de los excesos que llevó a cabo durante sus ochos años de Gobierno, incluso cuando la crisis ya estaba encima. "En una situación en la que la coyuntura económica permitía con un alto grado de fiabilidad predecir las restricciones que habría que abordar, se siguieron licitando centros, en los que se ha aumentado la superficie de las celdas y espacios comunes, incorporando piscinas cubiertas y televisores en las celdas, aumentando en definitiva el coste de construcción y, sobre todo, el mantenimiento futuro", censuró.
Durante su comparecencia en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados, llegó a exponer que existen centros penitenciarios en los que se ha construido una piscina y en los que luego no existen recursos económicos para que la misma esté en funcionamiento, al no tener dinero para pagar monitores de natación o mantener las máquinas depuradoras.
Ulloa señaló que el ministerio está estudiando la posibilidad de paliar con seguridad privada la escasez de funcionarios en los centros penitenciarios: "Lo único que hacemos es poner ingenio y quiero decir, apelando a la tranquilidad de parte de los diputados que me han preguntado pero haciéndoles ver que no queda más remedio que buscar alternativas, lo que es la alternativa de la seguridad privada".
Cuestionó que la labor de "monitor de seguridad" sólo lo pueda hacer un funcionario de prisiones y se preguntó si esa función "la puede desempeñar un ciudadano con una mínima formación que pueda ser contratado y liberar a un funcionario penitenciario en otro lugar". "Dejo la cuestión en el aire, no quiere decir que se vaya a adoptar, pido las sugerencias de los diputados", zanjó.
El ministerio lleva meses trabajando con la posibilidad de que muchos escoltas que han desarrollado su función en la lucha contra ETA y que ahora ya no tengan trabajo puedan, una vez vea la luz la nueva ley de seguridad privada, ocuparse de la seguridad de algunos centros penitenciarios, algo de lo que ya informó Libertad Digital el pasado mes de marzo.