El consejero delegado de PRISA, Juan Luis Cebrián, ha considerado hoy "lamentable" la huelga de ayer de "gran parte" de la plantilla de la SER, pues sus promotores "parecen haber olvidado" los derechos de oyentes y usuarios.
En la junta general de accionistas, Cebrián ha reconocido, no obstante, que los trabajadores ejercían la defensa "legítima" de sus intereses laborales. Entretanto, un grupo de trabajadores de la cadena protestaba, en las cercanías del edificio donde se ha celebrado la junta, contra el expediente de regulación de empleo planteado por la empresa, que prevé 200 despidos y una rebaja salarial del 10 por ciento.
Según Cebrián, la "utilidad pública" de una radio como ésta es "evidente", aunque no lo establezca la legislación, por lo que le ha llamado la atención que las centrales sindicales se negaran, ha asegurado, a negociar los servicios mínimos en la huelga.
"Poner una mordaza, siquiera temporal, al primer programa radiofónico de información y debate político de nuestro país es una decisión de gran calado, cuyas consecuencias, creo, no fueron bien sopesadas por quienes la tomaron", ha comentado en alusión al espacio Hoy por hoy, aunque sin citarlo explícitamente.
Cebrían ha señalado que la empresa quiere llevar a cabo las reestructuraciones de personal necesarias "de acuerdo" con la representación sindical de los trabajadores, y se ha mostrado consciente de la preocupación existente al respecto en algunas empresas del grupo destacando que el capital humano es "el primer y principal recurso" en las actividades de los medios de comunicación.
Los tres únicos accionistas que han intervenido han cuestionado, en términos generales, las políticas de gestión y de personal de la dirección de la compañía, y alguno ha asegurado que ha habido incumplimiento de acuerdos firmados con los trabajadores.
Además, en la junta general de accionistas de PRISA, los propietarios han aprobado hoy varias operaciones de capital para sanear "definitivamente" el balance del grupo, lo que se complementará con mejoras de eficiencia, ventas de activos y políticas de personal, según ha destacado el consejero delegado, Juan Luis Cebrián.
"Estamos negociando desprendernos de actividades de considerable tamaño", sin que afecte al futuro de la empresa, aunque ha reconocido que el momento no es el mejor para encontrar precios adecuados. La crisis persistente y otras circunstancias, ha justificado, "nos obligan a continuar con esta política de reducción de gastos, aunque el número de personal afectado será considerablemente inferior a las cifras resultantes de 2011".
Ha insistido en que la disminución de actividad, por un lado, y las nuevas tecnologías, por otro, harán "inevitable la reestructuración de algunas plantillas", que hasta el momento ha supuesto la salida de casi 2.000 profesionales. Esta política aun no se ha puesto en marcha, salvo en casos muy concretos, "a la espera" de que el BOE publique la nueva legislación laboral.
De forma "coherente", ha asegurado, todos los ejecutivos de la empresa con sueldos superiores a los 100.000 euros han renunciado a un 7 por ciento del salario fijo voluntaria e indefinidamente este año, tras la reducción del 8 por ciento en 2009 y 2010.
Ante las nuevas tecnologías, ha señalado que son una oportunidad de futuro, para progresar y crecer, lo que implica una transformación radical de los métodos de trabajo.
El director financiero de PRISA, Fernando Abril-Martorell, ha señalado que las operaciones aprobadas hoy son un paso más en el proceso de normalización financiera, pero el grupo continuará con niveles de deuda "más altos de los deseables".
Sin embargo, la deuda neta de la compañía en julio de 2014 será menor en 650 millones de lo que sería si no se hubieran acometido estas medidas.
Entre otros asuntos, Cebrián ha reconocido la "transparencia, neutralidad y ánimo de cooperación" del Gobierno actual con todos los implicados el mercado de las retransmisiones televisivas del fútbol. Hay razones para el "optimismo", pero ha echado en falta que aún no se haya concretado cómo se han de retransmitir los partidos de la próxima temporada. Ha advertido de que el fútbol, que generó su propia "burbuja", no puede ser ajeno a las consecuencias de la crisis, que tienen que verse también "reflejadas en su economía".
Ha asegurado que hubo una "irrupción violenta y arbitraria" del poder político, tanto del PP como del PSOE, en el mercado de los derechos deportivos entre finales del siglo pasado y comienzos de este, con la "connivencia de la Generalidad de Cataluña".