La Junta tiene una deuda reconocida de 49 millones de euros con los proveedores de la educación andaluza: 24 de ellos corresponden a los proveedores de la educación pública y 25 a los de la educación concertada.
Mientras tanto, el gobierno de coalición PSOE e IU intensifica la confrontación con el gobierno Rajoy. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizaba ayer la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para la racionalización del gasto público en el ámbito educativo, al entender que dicha norma "invade" competencias en esta materia de la comunidad autónoma, recurso que interpondrá antes del próximo 21 de julio.
La consejera de Educación, Mar Moreno, ha explicado en rueda de prensa que este Real Decreto, según los servicios jurídicos de su departamento, "vulnera preceptos constitucionales y estatuarios". Además, ha señalado que se recurrirán "distintos aspectos formales que tienen que ver con la propia figura del Decreto", aspectos en los que el Estado "extralimita la normativa básica e invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas", como "el incremento de horarios lectivos, de la ratio de alumnos por aula, aunque en Andalucía no se aplique, la cobertura de las bajas de profesores, y aspectos relacionados con las becas universitarias".
Sin embargo, la vicesecretaria de Política Educativa del PP andaluz, Marifrán Carazo, ha mostrado la preocupación de su partido ante el inicio del curso escolar 2012/13 por los impagos de la Junta. "La deuda contraída por la Junta de Andalucía con miles de pymes andaluzas pone en peligro la prestación de servicios como los comedores escolares, aulas matinales, actividades extraescolares o el acompañamiento de monitores". Carazo ha acusado al cogobierno de la Junta de Andalucía de lanzar cortinas de humo para ocultar sus propios recortes, impagos y las medidas y efectos de su plan de ajuste. "Culpan al Gobierno de Rajoy en un ejemplo de deslealtad antes las reformas emprendidas, necesarias y temporales tras la herencia recibida por el anterior gobierno socialista de Rodríguez Zapatero".
La deuda de 50 millones de la Junta andaluza está llevando al límite a todas esas pymes proveedoras de esos servicios, que llevan sin cobrar incluso actividades correspondientes a un curso escolar completo. "A pesar de que los padres sí han pagado religiosamente estas prestaciones, ¿dónde está este dinero? ¿por qué no paga la Junta?", se ha preguntado Carazo.
La vicesecretaria del PP andaluz acusa al cogobierno de PSOE-IU de "haber tirado por el camino fácil recortando el sueldo de los docentes, que verán reducido su salario un 21%". "Tienen el sistema educativo incendiado, cargado de incertidumbre para el próximo curso, sin delegados provinciales".
Educación Pública a Distancia y Guarderías
Carazo ha anunciado que la Junta de Andalucía va a empezar a cobrar por la Educación Pública a Distancia. "Hace años que perdimos la calidad en la enseñanza andaluza, pero ahora hemos perdido también la gratuidad". La Junta cobrará a partir del curso 2012/13 doce euros por módulo en este servicio educativo, que cubre la educación secundaria y contó en el pasado curso con 77.600 alumnos andaluces matriculados.
Por si fuera poco, los impagos por parte de la Junta a las escuelas infantiles, la incertidumbre ante el número de convenios y la creación de nuevas plazas han puesto en jaque a todas las guarderías públicas andaluzas. Tampoco se han creado el 33% de la cobertura de plazas que exige la Unión Europea sino que son los propios ayuntamientos los que han hecho frente a esta situación.