La consejera catalana de Educación, Irene Rigau, se ha opuesto este miércoles frontalmente a que sea el Ministerio el que evalúe los resultados académicos de los alumnos, ya que es la Generalidad la competente y "quien evalúa y determina qué se enseña".
Así se ha expresado antes de participar en la reunión de los consejeros de Educación con el ministro, José Ignacio Wert, quien les explicará los contenidos del anteproyecto de la reforma educativa.
Rigau ha señalado que el Estatuto precisa que la competencia en Educación es exclusiva de la Generalidad, así como la evaluación del sistema, aunque se ha mostrado dispuesta a compartirla. Ha considerado que "lo determinante" en el anteproyecto es quien evalúa y qué se evalúa y si ambas cosas las hace el Ministerio "de facto es anular las competencias" previstas en el Estatuto en organización, desarrollo y aprobación del sistema educativo.
Ha confiado en que, al estar en fase de anteproyecto, se puedan introducir variantes para favorecer un "amplio consenso" y el compromiso en la mejora de los resultados en Educación. La consejera ha destacado que la mejora de los resultados "no viene por la lucha competencial", sino por garantizar el buen trabajo en el aula, la formación inicial de los profesores, el clima de trabajo en los centros o la organización del sistema.
De mantenerse el texto como está y "si hay una invasión competencial" irán al Tribunal Constitucional, ha advertido.
La reforma educativa de Wert no sólo ha desatado las críticas de la consejera de CiU sino también la de sus homólogas vascos, andaluces y canarios. Los consejeros de estas tres comunidades han coincidido que la reforma segrega al alumnado.
El nuevo consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, ha dicho que los avances que le han llegado le "preocupan considerablemente" porque supone una "reforma de calado en el sistema educativo". "En esta ley se considera un obstáculo la equidad y la igualdad para el progreso de la calidad de la educación y así lo escribe", ha criticado.
"Se plantea -ha argumentado- que los alumnos van a ser segregados desde edades tempranas y se dice que muchos lo serán por razones de origen económico. Estas reformas no van en la buena dirección. El ministerio se equivoca en la estrategia".
Para la consejera de Educación del País Vasco Isabel Celaá, lo más grave de esta propuesta es que se generará "una segregación importante de tal manera que aquellos alumnos que tengan más dificultades para su desarrollo, serán abandonados a su suerte en los márgenes al sistema". La consejera ha indicado que así se va a consolidar una "escuela segregadora en vez de una escuela transformadora" que es la principal apuesta del País Vasco.
Aunque ha reconocido que vienen "con ánimo constructivo" también ha dicho que esperan "la modificación de esta propuesta". "El tema de la reválida es injusto porque el alumnado se juega todo a una carta y también se le quita el papel al personal docente", señala.
Además ha agregado que esta medida "invade competencias" y la ha comparado con una vuelta al pasado, "concretamente a los años 60, donde se hacían aquellas pruebas de ingreso nacional a los 11 años para poder entrar en primera y secundaria".
En esta línea se pronunciaba la consejera andaluza de Educación, Mar Moreno, quien coincidía en que la reforma es "segregadora" porque se trata de una norma "de obstáculos" y "que va a hacer que los españoles vayan a dos velocidades".
Para la consejera andaluza, con el borrador del anteproyecto se están dando "pasos atrás" y se está provocando una situación "muy grave" para la educación. Ha añadido que tiene la sensación de que con unos presupuestos "que son de los 60" y esta ley se va a llegar a una "escuela de los sesenta" y "una sociedad de los sesenta".