Taxistas de toda España han exigido este viernes en Madrid que el Gobierno central desista de la intención de suprimir la actual limitación que permite la actividad de un vehículo de arrendamiento con conductor (VTC) por cada 30 taxis.
José Miguel Fúnez, taxista de Madrid, que se ha dirigido a los manifestantes con megafonía durante el trayecto, ha explicado a Efe al comienzo de la protesta que el proyecto de Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) que prepara el Ministerio de Fomento "es una tomadura de pelo" que pone en peligro a "70.000 familias" y "30.000 empleados" que "viven del taxi".
Fúnez ha afirmado que la liberalización de los VTC "no tiene ninguna razón de ser" y supondrá el establecimiento de un "servicio paralelo al taxi" que les dejará "en la ruina total".
El gremio de taxistas se opone a que se liberalice el servicio de transporte de pasajeros de modo que cualquiera pueda realizar dicho servicio sin necesidad de obtener un licencia.
En la manifestación, José Escrivá, un taxista de Barcelona, se ha quejado de que el anteproyecto de ley "acaba con su patrimonio y con el taxi, y ha recordado que su licencia costó "125.000 euros".
Manuel de las Heras Hernández, taxista de Murcia, ha explicado que en su región la situación para el sector es complicada, ya que "hay poco trabajo por el intrusismo", porque "muchos inmigrantes" les hacen competencia "de manera ilegal".
Al término de la marcha, el presidente de la Asociación gremial del Taxi de Madrid, Julio Moreno, ha leído un comunicado en el que ha destacado que el anteproyecto de ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT), que prepara el Ministerio de Fomento, supone la liberalización del sector. Ha agregado que, con la reforma, los taxis tendrán que competir con vehículos no regulados, lo que supondrá "trabajar más horas para recaudar menos".
Se ha referido a que con la nueva ley se suprimirá la limitación que existe de un vehículo de arrendamiento con conductor (VTC) por cada 30 taxis. Moreno ha añadido que ese "sector paralelo" va a carecer de control, lo que provocará, a su juicio, una "grave inseguridad para el usuario".
Tras asegurar que la medida afectará a mas de 100.000 familias, ha recalcado que en otros países donde se han puesto en marcha iniciativas similares se ha producido un incremento de las tarifas y de la inseguridad.
Otro responsable del sector, José Antonio Matos Ruiz, presidente de la Federación del Taxi de Málaga, ha insistido: "Queremos dejar claro que hemos agotado toda las negociaciones y el Gobierno nos ha empujado a esta protesta".
"Le pedimos al Gobierno que recapacite, que entienda que los primeros perjudicados serán los usuarios. No hay garantías ni para nosotros ni para los usuarios con esta liberalización que se pretende llevar a cabo. Lo seguro es que no nos vamos a quedar de brazo cruzados", ha finalizado.