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(28-07-2006) El Gobierno enfrenta a los españoles con una ley de Memoria Histórica que tampoco satisface a sus principales precursores

Tras dos años de hacer propaganda sobre le ley de Memoria Histórica para vengar a una parte de las víctimas de la Guerra Civil, el Gobierno ha aprobado un anteproyecto que no recoge las reivindicaciones de sus principales precursores, IU y ERC, pero enfrenta a unos ciudadanos con otros al reconocer como víctimas sólo a las de un bando. No anula los juicios, prohíbe los actos en el Valle de los Caídos y sólo podrá eliminar símbolos franquistas donde tenga competencias el Estado. Rajoy ha criticado que el Gobierno olvide lo que dijeron los españoles en 1978 y se dedique a resucitar el pasado.

L D (EFE) Aunque la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, expresó su convencimiento, tras hablar con los portavoces parlamentarios, de que la ley contará con un acuerdo que permitirá su aprobación, la mayor parte de los grupos políticos la criticaron. Sus precursores la calificaron de "descafeinada" y "decepcionante". Tampoco ha gustado al PP, que la consideró "un enorme error" que no sirve "para nada", como ha dicho el presidente del PP, Mariano Rajoy.

Para la vicepresidenta, el proyecto de ley "ayuda a cicatrizar sin reabrir, contribuye a sumar y no a dividir" y permite cerrar "con honor para todos un capítulo trágico de la historia". Sin embargo, los principales promotores de la ley, IU-ICV y ERC, no escatimaron reproches contra esta iniciativa, que no reconoce sus principales reivindicaciones.

El presidente portavoz de IU-ICV, Gaspar Llamazares lamentó la falta de "valentía" del Gobierno y dijo que trabajará para subsanar, a través de enmiendas, "los agujeros" de la misma, especialmente para conseguir la anulación legal de los juicios sumarísimos porque considera que no es suficiente una "reparación moral" de los mismos. Criticó que la ley no haya cumplido las expectativas de los republicanos ni de los antifranquistas y, por el contrario, el Ejecutivo haya optado por "evitar la confrontación con la derecha".

ERC, a través de su portavoz, Joan Tardá, fue más lejos en sus reproches y acusó al Gobierno de "indignidad" y "deslealtad" por aprobar una ley que es, a su juicio, "un profundo acto de cinismo" y una "opera bufa" y anunció que presentará una enmienda a la totalidad con texto alternativo. Al igual que Llamazares, dijo que el Ejecutivo "ha sucumbido" a las presiones del PP y también a los de "la vieja guardia" del PSOE, entre los que citó al ex presidente del Gobierno Felipe González, Alfonso Guerra o Ramón Jáuregui.

De momento, sólo CiU, tal como expresó su portavoz parlamentario, Josep Antoni Duran Lleida, tuvo una opinión favorable a la ley y afirmó que las medidas adoptadas responden a una "actitud equilibrada y respetuosa" por parte del Gobierno.
María Teresa Fernández de la Vega.

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