Profesionales por la Ética ha realizado un informe para resaltar ciertos aspectos que el Gobierno está enmascarando. A su juicio, el debate sobre la reforma del aborto está ocultando un aspecto casi desconocido del proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo: el capítulo educativo.
Para informar a la opinión pública sobre este aspecto, esta plataforma habla en este texto del embarazo en el que analiza cómo y quién va a impartir estos contenidos. En síntesis, el Informe explica que los artículos 9 y 10 del citado proyecto de ley incluyen una serie de medidas que se proponen "incorporar la formación sexual y reproductiva al sistema educativo" desde un enfoque integral.
Los objetivos que tendrá son básicamente "la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres con especial atención a la prevención de la violencia de género, agresiones y abusos sexuales, el reconocimiento y aceptación de la diversidad sexual, el desarrollo armónico de la sexualidad acorde con la personalidad de los jóvenes, la prevención de enfermedades e infecciones de transmisión sexual y especialmente la prevención del VIH y la prevención de embarazos no planificados".
Hasta el momento no se sabía cómo se iban a llevar estos contenidos a la escuela porque el proyecto de ley no lo aclara. El Ministerio de Igualdad, impulsor del proyecto, se había negado a aclarar si la educación sexual se incluiría en alguna de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía o en otras asignaturas.
Sin embargo, el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos y la propia ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha resuelto la incógnita al anunciar que su departamento está elaborando una norma legislativa que obligará a los centros educativos, sin excepciones, a impartir educación sexual a todos los alumnos desde la infancia.
La formación en esta materia no la proporcionarán los profesores sino personal sanitario, especialmente farmacéuticos y enfermeros pero también psicólogos, sexólogos y todos aquellos profesionales que el Gobierno quiera capacitar y acreditar.
Según explica Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética, "no cabrá que los centros educativos apelen a su ideario para oponerse ya que, de hacerlo, serán acusados de no colaborar con la salud pública".
Por tanto, según Profesionales por la Ética, es muy probable que a partir del curso que viene, en todos los centros educativos españoles impartan educación sexual y reproductiva personas dependientes del Ministerio o las consejerías de Sanidad, profesionales de la salud ajenos al centro escolar.
Estos los contenidos serán definidos por ley y vigilados por Sanidad a través de la Inspección correspondiente. Por ejemplo, el informe indica que "el Estado se entromete de nuevo en la intimidad de los alumnos ya que el ejercicio de la sexualidad pertenece al ámbito personal y afecta a los valores y convicciones y, por tanto, a la libertad ideológica y de conciencia"
Además, añade que "la impartición obligatoria de determinados contenidos de educación sexual contraviene la legislación fundamental internacional (Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos del Niño, Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Constitución Española y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.)
De este modo, Fernández de Alarcon concluye que "los contenidos de educación sexual dirigida a menores no pueden tener carácter obligatorio. Si lo tuviera, sería absolutamente ilegal y los padres, con todo derecho, podrán oponerse a que sus hijos la reciban en los centros educativos. Estos mismos centros podrán y deberán defender su derecho al ideario propio".