En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Aguirre respondió con un "por supuesto" a la pregunta de si el Consorcio devolverá a los usuarios dicho dinero. "A los ciudadanos que utilizan el transporte público y que no pudieron hacerlo por la huelga salvaje que tuvo lugar en Metro de Madrid les será reintegrado ese importe por el Consorcio", aseguró.
El asunto del conflicto del suburbano centró la mayor parte de la rueda de prensa, donde la presidenta madrileña insistió en que la huelga es un derecho de los ciudadanos, pero hay que cumplir los servicios mínimos.
Aseguró que la Comunidad de Madrid está abierta a la negociación con los sindicatos, aunque siempre teniendo en cuenta la delicada situación económica que atraviesa la región. En este sentido, advirtió de que la Ley prohíbe negociar con quien no está en el Comité de Huelga, y actualmente sólo lo integra el sindicato Solidaridad Obrera.
Respecto a las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno central, María Teresa Fernández de la Vega, preguntando a Aguirre por qué no se ha sentado a negociar con los representantes de los trabajadores, ésta le preguntó a su vez por qué no lo hizo ella con los funcionarios antes de aprobar el decreto que les bajaba el sueldo, al tiempo que agradeció a varios ministros sus críticas al incumplimiento de los servicios mínimos.
También indicó que su Ejecutivo podría haber excluido a Metro de la rebaja salarial a los empleados públicos, igual que ha hecho el Estado con empresas como Renfe y Aena, pero no le parecía justo hacer una excepción con unos trabajadores que tienen un empleo permanente y la capacidad de colapsar una ciudad si se lo proponen.
"Haría mal un Gobierno, por el hecho de que los transportes tengan capacidad de movilización o de colapsar una ciudad, en tratarles mejor que a otros funcionarios", explicó.
Aguirre añadió que hay 400 expedientes abiertos a los trabajadores del suburbano por incumplir los servicios mínimos y subrayó que las amenazas de volver a suprimirlos si no se retiran dichas sanciones, así como las de "entrar a matar" o "reventar Madrid", ya han sido remitidas a la Fiscalía General del Estado por si son constitutivas de delito.
Asimismo, explicó que la Inspección de Sanidad va a estudiar el notable incremento de bajas por enfermedad que se produjo durante la primera jornada de huelga sin servicios mínimos por si se ha cometido alguna irregularidad.
En cualquier caso, la jefa del Gobierno madrileño sentenció que España necesita una Ley de Huelga, aunque quizá no sea lo más oportuno hacerla "en caliente", porque no es propio de un país democrático que se pueda tomar como rehenes a los ciudadanos.