Según explicaron en rueda de prensa el portavoz de Amnistía Internacional en Andalucía, Raúl Villalba, y el responsable del Equipo de Menores de Amnistía Internacional España, Carlos Sanguino, los menores que ingresan en estos centros bien derivados de otros dispositivos del Servicio de Protección de Menores o a solicitud de los padres "están totalmente indefensos ante los abusos que con ellos se cometen", ya que "en primera instancia, las Administraciones ni siquiera ofrecen datos fidedignos del número de centros de este tipo que existen, las plazas que tienen o los menores que hay ingresados".

De hecho, afirmaron que mientras que, en el caso de Andalucía, la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta comunicó al Defensor del Pueblo Español, Enrique Múgica, que en la comunidad existían 21 centros de protección terapéuticos, en la información dirigida a AI los cifró en 27.

Además, tal y como criticaron, "tanto la Administración pública como las entidades privadas que gestionan estos centros dificultan que se lleven a cabo cualquier tipo de investigación independiente e incluso de instituciones como la del Defensor del Pueblo", explicando que en la comunidad andaluza tan sólo pudieron acceder "parcialmente" a uno de los centros de protección terapéutica ubicados en la provincia de Córdoba.

Tal y como se desprende de las conclusiones del informe 'Si vuelvo, me mato' elaborado por la organización a partir de unas 170 entrevistas con trabajadores y menores (59) que están o han pasado por centros de Cataluña, Madrid y Andalucía, comunidades que concentran el 55% de los centros terapéuticos, entre los castigos más frecuentes  están el "amordazar a los niños en una silla a la intemperie, privarles de alimento, encerrarles en celdas de aislamiento, prohibir las visitas familiares", así como se practican "contenciones físicas (sujeciones), mecánicas (ataduras) o farmacológicas (medicación forzada como medida sancionadora).

En este sentido, incidieron en la "violación de derecho a la salud" de estos niños, a quienes "se suministran psicofármacos con una finalidad sancionadora y no terapéutica" y que pese a tener el derecho reconocido de conocer su diagnóstico y tratamiento si han cumplido 12 años de edad, tal y como reconoce la Ley de Autonomía del Paciente, "no reciben información sobre los fármacos que están siendo obligados a ingerir".

"Curiosamente, los menores no son medicados ni antes de ingresar en el centro de protección ni después de salir de él", subrayaron, lamentando la "impunidad absoluta" con la que realiza esta medicación "por parte de educadores sociales o incluso vigilantes de seguridad". A ello, añadieron que "no siempre los menores cuentan con un diagnóstico determinante para su ingreso en uno de estos dispositivos".

En esta línea, recordaron que cualquier medida sobre medicación forzada, sobre sometimiento a contención física o sobre celdas de aislamiento "no tiene supervisión judicial, ni fiscal y menos autorización judicial, con lo cual, estas medidas, que en muchos casos son violaciones de derechos humanos, dependen del criterio de cualquier educador o cualquier personal de estos centros", mientras que, por contra, "en las cárceles, este tipo de conductas son siempre autorizadas por el magistrado de vigilancia penitenciaria".

Según relataron, en un centro de protección terapéutico de Cádiz un menor "nada más llegar, estuvo quince días internado en una celda de aislamiento que en las instalaciones denominan 'Aula de observación independiente', privado de contacto con otros menores"; a lo que se suma la situación en otro centro de Córdoba, en el que, "a pesar de que el director negó la existencia de un espacio de aislamiento, la presencia de éste fue confirmada por los propios internos".

Ante estos abusos, los menores se encuentran "desprotegidos" ya que, según explicaron, "no disponen de mecanismos rápidos y sencillos para presentar una denuncia y sus interlocutores son los propios trabajadores del centro".

Para ilustrar estas afirmaciones, la organización presentó el testimonio de una de las personas que, según aseguraron, han sufrido algunos de los abusos denunciados en su paso por los centros de menores. Entre ellos, se encuentra la joven andaluza Sara Casas, que a sus 25 años de edad ha recorrido cuatro centros de protección terapeúticos en Andalucía y cuya custodia de sus tres hijos fue retirada por la Junta de Andalucía, a los que consideraron los "nietos de la Junta".

La organización pide al Gobierno español y a las CCAA que investigue la situación en estos centros, que elabore protocolos para contar, controlar y supervisar estos dispositivos y que emprenda las reformas oportunas para que el poder judicial "sea visible" en estos casos, recordando que el Comité para la Prevención de la Tortura ya ha requerido a España "hasta en dos ocasiones" una investigación "exhaustiva" de la situación de estos centros.

Igualmente, instaron al Ejecutivo a modificar la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor para delimitar unos "estándares claros" sobre la situación jurídica de estos menores, así como proporcionar a las familias información sobre las posibles alternativas en materia de tutela y guarda asumida por la administración.

Asimismo, solicitaron al Ministerio Fiscal que de instrucción "inmediata a las fiscalías de menores territoriales para que ejerzan su función de supervisión de estos centros y exijan que el internamiento de los menores se lleve a cabo previa autorización judicial".