El proyecto de ley ha pasado esta mañana su último trámite parlamentario en el Congreso, donde se han aprobado las enmiendas del Senado fundamentalmente con los votos del PSOE, CiU y CC, los partidos que han dada sustento al proyecto de ley desde el inicio de la tramitación. Mientras que el PP y ERC-IU-ICV se han pronunciado en contra en la mayoría de las votaciones.
La ley viene a fijar unas 'reglas del juego' sobre contenidos y funcionamiento empresarial que en algunos casos las televisiones ya cumplían en la práctica, pero que hasta ahora no estaban recogidas en una ley general, sino en multitud de normas parciales y códigos de autoregulación, y crea un órgano supervisor, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA).
Entre las principales novedades figura un tiempo máximo de publicidad, que será de 20 minutos por hora entre anuncios convencionales (12 minutos), autopromoción (cinco minutos) y telepromoción (tres minutos). Este punto ha sido modificado respecto al texto inicial del Gobierno, que contemplaba la posibilidad de emitir un total de 29 minutos de mensajes publicitarios.
Otro de los temas que quedan regulados con esta ley es la protección a los menores. Así, la norma establece que los contenidos que puedan ser "perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores solo podrán emitirse entre las 22 y las 6 horas, debiendo ir siempre precedidos por un aviso acústico y visual" y también excluye de este horario ciertos anuncios publicitarios, como el de algunas bebidas alcohólicas.
Asimismo, durante su paso por el Senado se incluyó una protección adicional, ya que se acordó que las televisiones utilicen una codificación digital especial en sus emisiones que permita a los padres ejercer un control parental sobre lo que ven sus hijos por la televisión.
Por otro lado, la ley establece unas 'reglas de juego' para el sector audiovisual que pretende dar seguridad jurídica a las empresas para poder actuar. En este sentido, la ley establece un régimen de concesión, arrendamiento, cesión, renovación o extinción de las licencias audiovisuales, y se recoge como un derecho de los operadores lanzar canales de pago, limitándolo a un 50 por ciento de los canales concedidos a cada licencia.