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Noticia publicada el 20-12-2007
L D (Agencias) En la tribuna de invitados, cerca de medio centenar de representantes del mundo del cine y el audiovisual, como Carlos Saura, Pilar Bardem, Agustín Almodóvar, José Luis Borau, Alejandro Amenábar o Juanjo Puigcorbé aplaudieron la aprobación de la norma. El Pleno ha ratificado cinco de las seis enmiendas parciales incluidas en el Senado, pero ha rechazado la más polémica: la relativa a la nacionalidad de las películas que fue propuesta por CiU y apoyada en esa Cámara por el PP, grupo que hoy ha votado en contra.
Inicialmente, el proyecto establecía como requisito indispensable para que una película fuera considerada española que el director fuera español o de la Unión Europea. La enmienda eliminaba este requisito y establecía que era suficiente con que el 75 por ciento del equipo creativo tuviera esa nacionalidad. Finalmente, el texto permanece como salió del Congrego, pues la enmienda ha sido rechazada por 325 votos en contra; 19 a favor y dos abstenciones.
Inicialmente, el proyecto establecía como requisito indispensable para que una película fuera considerada española que el director fuera español o de la Unión Europea. La enmienda eliminaba este requisito y establecía que era suficiente con que el 75 por ciento del equipo creativo tuviera esa nacionalidad. Finalmente, el texto permanece como salió del Congrego, pues la enmienda ha sido rechazada por 325 votos en contra; 19 a favor y dos abstenciones.
Las enmiendas incluidas en el trámite parlamentario permitirán la creación de un nuevo fondo para el cine en lenguas cooficiales; un programa de ayudas para el sector de la animación y otro para que los exhibidores afronten la reforma tecnológica de las salas, así como medidas que faciliten el acceso de los discapacitados al cine y la promoción de salas municipales que proyecten filmes de calidad.
El proyecto de Ley nació el 28 de diciembre de 2006 pero encalló nada más iniciar su andadura cuando las televisiones privadas se negaron a invertir un uno por ciento más en cine y los exhibidores rechazaron el texto. El Gobierno se tomó su tiempo y la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, inició en febrero, junto a Carmen Calvo, una intensiva ronda de negociaciones con los representantes del sector.
Por fin, se solventó la negativa de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) manteniendo su obligación de invertir en cine el cinco por ciento que estableció el real decreto de 2004 -recurrido por UTECA alegando inconstitucionalidad y sobre el que aún tiene que pronunciarse el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de Luxemburgo- y a la espera de una futura Ley de lo Audiovisual.
Asimismo, y como medida de protección frente al cine estadounidense, se mantuvo la cuota de pantalla, que exige la exhibición de un porcentaje de películas europeas, pero se introdujo "cierta flexibilidad", al contabilizar por sesiones y no por días, y teniendo en cuenta el conjunto de las salas integradas en un mismo complejo.
Los exhibidores no aceptan esta medida, al igual que reclaman que la ley fije los plazos de explotación de las películas en las distintas ventanas y establezca sistemas de protección frente a las grandes distribuidoras internacionales. Desde el principio, el proyecto de ley se empleó en definir la figura del productor independiente y en las desgravaciones fiscales para atraer capitales ajenos al mundo audiovisual a la producción cinematográfica, bajo la figura del coproductor financiero (con la que se podrá desgravar hasta un 18% de la inversión).
Asimismo, establece un sustancioso aumento de la dotación del Fondo de Ayuda a la cinematografía y la transformación del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA) en Agencia Estatal. El proyecto de Ley llegó al Congreso de los Diputados en septiembre, donde ERC, IU-ICV y CiU presentaron enmiendas a la totalidad argumentando la vulneración de las competencias de los nuevos estatutos de autonomía.
Poco antes de su debate en el Pleno, estos grupos alcanzaron un acuerdo con el Ministerio de Cultura gracias a la inclusión de un nuevo artículo por el que se creará en 2009 un fondo específico para el cine en lenguas distintas al castellano, con una dotación máxima de 11 millones de euros anuales, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y de cada Comunidad Autónoma con lengua propia.
El proyecto de Ley nació el 28 de diciembre de 2006 pero encalló nada más iniciar su andadura cuando las televisiones privadas se negaron a invertir un uno por ciento más en cine y los exhibidores rechazaron el texto. El Gobierno se tomó su tiempo y la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, inició en febrero, junto a Carmen Calvo, una intensiva ronda de negociaciones con los representantes del sector.
Por fin, se solventó la negativa de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) manteniendo su obligación de invertir en cine el cinco por ciento que estableció el real decreto de 2004 -recurrido por UTECA alegando inconstitucionalidad y sobre el que aún tiene que pronunciarse el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de Luxemburgo- y a la espera de una futura Ley de lo Audiovisual.
Asimismo, y como medida de protección frente al cine estadounidense, se mantuvo la cuota de pantalla, que exige la exhibición de un porcentaje de películas europeas, pero se introdujo "cierta flexibilidad", al contabilizar por sesiones y no por días, y teniendo en cuenta el conjunto de las salas integradas en un mismo complejo.
Los exhibidores no aceptan esta medida, al igual que reclaman que la ley fije los plazos de explotación de las películas en las distintas ventanas y establezca sistemas de protección frente a las grandes distribuidoras internacionales. Desde el principio, el proyecto de ley se empleó en definir la figura del productor independiente y en las desgravaciones fiscales para atraer capitales ajenos al mundo audiovisual a la producción cinematográfica, bajo la figura del coproductor financiero (con la que se podrá desgravar hasta un 18% de la inversión).
Asimismo, establece un sustancioso aumento de la dotación del Fondo de Ayuda a la cinematografía y la transformación del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA) en Agencia Estatal. El proyecto de Ley llegó al Congreso de los Diputados en septiembre, donde ERC, IU-ICV y CiU presentaron enmiendas a la totalidad argumentando la vulneración de las competencias de los nuevos estatutos de autonomía.
Poco antes de su debate en el Pleno, estos grupos alcanzaron un acuerdo con el Ministerio de Cultura gracias a la inclusión de un nuevo artículo por el que se creará en 2009 un fondo específico para el cine en lenguas distintas al castellano, con una dotación máxima de 11 millones de euros anuales, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y de cada Comunidad Autónoma con lengua propia.
Rechazo de televisiones y exhibidores
La televisiones privadas rechazaron la ley y anunciaron que continuarán sus acciones jurídicas en todas las instancias, según informó hoy en un comunicado la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA). Así, consideran que la nueva norma ha modificado la definición de productor independiente vigente hasta ahora. Este cambio supone, a su juicio, alterar el acuerdo Gobierno-UTECA por el que se mantenía el 'statu quo' hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la vigente obligación para las televisiones privadas de invertir en cine español y europeo el 5 por ciento de sus ingresos brutos.
"UTECA lamenta que películas como 'El Laberinto del Fauno', con tres Oscar de Hollywood, coproducida por una televisión privada, no pueda ser considerada española, a pesar de que el capital, los técnicos y la práctica totalidad de los actores, sean españoles", explica. En todo caso, reitera su voluntad de seguir apoyando a la industria cinematográfica española desde criterios empresariales, "sin imposiciones de ningún tipo y en plano de igualdad con todas las partes".
