El Mundo revela este jueves que tras, ser detenidos por la armada y con todo pactado para que las autoridades keniatas se hiciesen cargo de ellos, fue De la Vega la que forzó que Abdu Willy y su compañero Raagegeesey fuesen traídos a España, haciendo que el abogado del estado presentase una denuncia en la Audiencia Nacional.

Según esta información, la intervención de María Teresa Fernández de la Vega en contra del criterio del Ministerio de Defensa y de Carmen Chacón fue la que finalmente provocó que Abdu Willy y su compañero Raagegeesey viniesen a España, una decisión discutible desde el punto de vista jurídico y que ha resultado un problema importante a la hora de gestionar el secuestro.

La vicepresidenta dio instrucciones a la Abogacía del Estado para que redactar la correspondiente denuncia. Después llamó a Garzón para presentar la denuncia y dos horas después Garzón dictó un auto por el que habría diligencias. Al día siguiente, 5 de octubre, y tras un informe del fiscal, el juez ordenó el traslado de los piratas a España.

Pero además, informa la Cadena Ser, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas elaboró un informe varias horas antes de la detención desaconsejando la operación que el Gobierno ignoró. Según este informe, el CIFAS alertó de las consecuencias negativas que tendría la detención de los piratas en la negociación, incluso no descartaba que los piratas tomaran represalias contra los secuestrados. Sin embargo, el Gobierno valoró que los piratas no iban a reclamar la devolución de sus compañeros. Obviamente, cometió una terrible equivocación.

Según la SER, fuentes de Moncloa han asegurado que De la Vega no tuvo conocimiento de ese informe. Defensa, sin embargo, sí ha reconocido su existencia, pero ha alegado que era uno de tantos. Defensa también ha negado que fuera la vicepresidenta la que tomara la decisión de traer a los piratas, que fue tomada "por unanimidad" por todo el Gobierno.

"El JEMAD, a la luz de los diversos informes que tenía en su haber, ordenó a la fragata Canarias conducirse estrictamente en ejecución de las normas de la Operación Atalanta y que, por lo tanto, se procediese a detener a los piratas en flagrante delito de piratería. Esas normas de la Atalanta son la de acción común 2008/8/5/1/1 PESC del Consejo de la UE en sus artículos 2 y 12", plantea Defensa en un comunicado adelantado a Europa Press.

Mientras, la Audiencia Nacional ha hecho público un comunicado en el que se exime de toda responsabilidad de la decisión de traer a España a los piratas y culpa al Gobierno. El jefe de la Audiencia, Ángel Juanes, subraya que la actuación de Garzón "se realizó en el marco de la más estricta legalidad, como Juez de Guardia, y en respuesta a una denuncia presentada por la  Abogacía del Estado, sin actuar de oficio". "Ni el Juez de Guardia ni el Juzgado instaron a organismo alguno para que las personas fueran trasladadas a España". Por último, destaca que "ningún Juez de la Audiencia Nacional ha reclamado para sí la competencia del caso, ni exigió que se presentara denuncia alguna. Una vez presentada la denuncia por la Abogacía del Estado, se resolvió sobre la competencia previo informe del Ministerio Fiscal"