El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha declarado en una entrevista con el diario El Mundo que “la ley del aborto no ofrece ninguna duda de constitucionalidad y es equiparable a la que existe en muchas democracias de nuestro entorno, incluido el tema de los 16 años”.

Esta opinión es contraria a la que ha adoptado el Consejo Fiscal sobre la ley de plazos. Este órgano emitió un informe la semana pasada en el que sostuvo que los padres de las menores que vayan a abortar deben ser informados. Además, la mayoría de sus miembros cuestionaron la constitucionalidad de la ley de plazos, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional. 

Por otro lado, y respecto a la limitación de la jurisdicción universal subraya que ésta “sigue existiendo en nuestro país, y se ha ampliado respecto a los delitos. Lo que se ha hecho es racionalizarla y hacer un uso prudente para conseguir dos cosas: explicarlo ante nuestros propios ciudadanos, que muchos no comprenden por qué los jueces se ocupan de asuntos de fuera de España cuando hay tantos asuntos dentro que resolver, y segundo, establecer criterios prudentes en el uso de esta jurisdicción. Hemos aplicado una regla que ya estaba en la jurisprudencia del Supremo y en la práctica habitual, que es la regla de la supletoriedad”.

Por último, Caamaño defiende la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña. “Creo que el Estatut es muy mayoritariamente constitucional, en todo o casi todo, prueba de ello es que el Estatut se lleva aplicando estos tres años y España no se ha roto”.

Respecto a la posibilidad de que el Tribunal Constitucional haga pública la sentencia sobre los preceptos impugnados a la norma estatutaria este julio, el ministro de Justicia afirma que “me gustaría que hubiera una sentencia cuanto antes, y que el tribunal, en el ejercicio de su función, dicte una sentencia fundada en derecho y argumentada en defensa de la Constitución"