CEP culpa a los "rectores" del operativo y a la cúpula policial en Baleares de la actuación de los agentes. El sindicato recuerda que alguno de los detenidos, como el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán, ha manifestado públicamente que solicitó un traslado "discreto" a los juzgados.

Esta vulneración de los derechos de los ciudadanos es, para el sindicato, "un hecho grave" que debería investigar la Secretaría de Estado de Seguridad, a través de su Inspección de Personal y Servicios de Seguridad.

Igualmente, el sindicato criticó que se agotasen las 72 horas de las que dispone la Policía para su interrogatorio antes de ponerlos a disposición judicial, aunque remarcó que esta decisión correspondió al Ministerio Fiscal y nunca a la Policía.

En un comunicado, el sindicato explicó que la eficacia policial no sólo se mide en la fase de investigación de cualquier delito sino en todas las actuaciones del Cuerpo, especialmente cuando "se restringen derechos fundamentales que requieren un cumplimiento estricto de los procedimientos normativos habilitados para su salvaguarda".
 

"Como animales en un zoo"

En términos similares se ha pronunciado el Sindicato Unificado de Policía (SUP) que también culpó al Gobierno de ser el responsable de que las cinco personas vinculadas al PP detenidas en el marco de la operación 'Palma Arena' fueran "expuestas como animales de un zoológico" cuando fueron trasladados esposados a los juzgados donde se les tomó declaración este fin de semana, por lo que reclamó una investigación al entender que se vulneró el derecho al honor de los mismos.

En un comunicado, el SUP pidió al Gobierno que investigue por qué se trasladaron a los cinco cargos del PP en unas formas que, según este sindicato, "vulneró el derecho al honor de los mismos, subvirtió el Estado de Derecho y aniquiló la presunción de inocencia de los afectados". "Han sido expuestos como animales de un zoológico y aunque resulten inocentes", defendió el SUP, "ya han sido condenados en su honor y reputación sin ninguna solución". Para este sindicato, las forma con la que se trasladó a los detenidos del 'caso Palma Arena' es "impropia de un país democrático donde rige el imperio de la ley".

Asimismo, el SUP criticó la actuación del juez, el fiscal, responsable político o mando policial que dispuso el traslado de los detenidos al entender que fue "igualmente responsable de la vulneración de un derecho fundamental a cinco personas, y ello sin perjuicio o con independencia de que después uno o todos resultaran responsables" de las imputaciones. "No deben banalizarse este tipo de actuaciones que son más propias de un país tercermundista y no democrático que de la España del siglo XXI. Cuando se producen maltratos contra un terrorista se investigan y condenan, sin que el hecho de que el terrorista sea culpable exima a los que han vulnerado la ley de su delito", añadió el SUP en el comunicado.

Por este motivo, el SUP reclamó al Gobierno una investigación y que se depuren responsabilidades disciplinarias y legales "tanto en el ámbito profesional como en el político". Tras recordar que la Constitución propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, el sindicato policial subrayó que en España no debería permitirse la "exhibición de presuntos delincuentes y miembros del principal partido de la oposición".