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Cien residencias de mayores cerrarán en Andalucía por las exigencias de la Junta

La Federación Andaluza de Centros y Servicios de Mayores (Facema) ha alertado de que numerosas residencias de mayores tendrán que cerrar próximamente si la Junta de Andalucía presidida por Manuel Chaves  "no flexibiliza" los requisitos para la acreditación de estos centros fijados por la Ley de la Dependencia en Andalucía. El presidente de Facema, Antonio Gallardo, explicó que entre unas 90 y 100 residencias de mayores pequeñas y medianas "se verán abocadas al cierre" porque la orden por la que se regula el procedimiento y los requisitos para la acreditación de los centros en situación de dependencia establece unas exigencias "demasiado duras, muy por encima de las de otras comunidades autónomas".

La Federación Andaluza de Centros y Servicios de Mayores (Facema) ha alertado de que numerosas residencias de mayores tendrán que cerrar próximamente si la Junta de Andalucía presidida por Manuel Chaves  "no flexibiliza" los requisitos para la acreditación de estos centros fijados por la Ley de la Dependencia en Andalucía. El presidente de Facema, Antonio Gallardo, explicó que entre unas 90 y 100 residencias de mayores pequeñas y medianas "se verán abocadas al cierre" porque la orden por la que se regula el procedimiento y los requisitos para la acreditación de los centros en situación de dependencia establece unas exigencias "demasiado duras, muy por encima de las de otras comunidades autónomas".
LD (Pedro de Tena) Téngase en cuenta que el total de centros residenciales es de 578, con lo que el cierre puede afectar al 17 por ciento del total. Gallardo consideró que la Ley de la Dependencia "ha impuesto una prestación de servicios que no se corresponde con la realidad" y que afecta especialmente a las pequeñas y medianas residencias, de las que Facema gestiona más de 80 por ciento de las existentes en Andalucía. Añadió que "lo lógico hubiera sido que la normativa hubiera hecho hincapié en la calidad de la atención y no tanto en la faceta técnica de la edificación", pues, en su opinión "parece que quieran equiparar a una residencia con un hospital cuando es evidente que no tienen nada que ver".
 
Los empresarios aseguran que la nueva ley exige que cada residente tenga una habitación de 40 metros cuadrados, "cuando ahora tienen entre 33 y 35 metros cuadrados". "El problema es que no podemos estirar los centros", aseguró hace meses en Málaga José Joaquín García, vicepresidente de la Federación Nacional de Atención a la Dependencia. Habilitar los centros requeriría reformar casi al completo los actuales "y eso no es un problema para aquellos recintos que tienen 100 pacientes, pero sí para aquellos pequeños que tienen 20 ó 30 y que ahora se van a tener que quedar con menos habitaciones para hacerlas más grandes", explicó entonces Antonio Gallardo.
 
La mayoría de estos empresarios, subrayó, llevan casi 20 años acreditados y atendiendo a los mayores y, además, "aliviando la listas de espera" de los centros gestionados por la Junta presidida por Manuel Chaves. "Por ello, ven con pena y consideran un desagravio que se les pueda dar de lado por no cumplir unos requisitos que en muchos casos se traducen en unos pocos metros de diferencia en un pasillo que no obstaculizan en absoluto la movilidad del usuario", lamentó. El cierre de estas empresas no sólo supondría una "catástrofe" para el empleo en el sector, máxime en un momento de crisis económica como el actual, sino que también "incidiría en el incremento de las listas de espera para acceder a una plaza residencial concertada con la Administración", aseguró Gallardo, quien cifró el tiempo de espera actual en aproximadamente un año.
 
Además, lamentó el presidente, con el cierre de estos centros, muchos de los mayores a los que ahora atienden, la mayoría de 80 años de edad y evaluados como grandes dependientes (Grado III, nivel I y II) "tendrán que marcharse a otra residencia, lo que supondría un deterioro muy grave de su estado, porque será para ellos como salir de su casa", lamentó. No obstante, apuntó que "de ser inevitable" el cierre de alguna de estas residencias, la Junta podría contemplar la posibilidad de darles un uso alternativo, por ejemplo, de viviendas tuteladas.
 
Situación andaluza de los servicios a mayores dependientes
 
Estas son las cifras según el Informe de Mayores del Imserso y el CSIC de 2006, últimos datos disponibles hasta el momento. El PP ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones la realidad de la asistencia a mayores de la comunidad andaluza.
 

 
En Andalucía, la situación es penosa y  las prestaciones son deficitarias:
 
● Teleasistencia: 1’8%.
● Ayudas a domicilio: 3’5%.
● Centros de Día: es del 0’37% de la población mayor de 65 años.
● Residencias de Mayores: al 2’79% en Andalucía, mientras el índice nacional está en el 5%.
 
 
■ En la actualidad existen en Andalucía 1.172.276 personas que tienen más de 65 años.
■ El número de mayores de 85 años aumentó en un 31% en los últimos diez años.
■ Sin embargo, este sector de la población no se ve correspondido con servicios de calidad pese a contar con una Ley de Atención y Protección a las Personas Mayores desde 1999 que se ha incumplido en muchos de sus aspectos.
■ En Andalucía hay 2,71 plazas por cada 100 mayores de 65 años, cuando la media en España es de 4.
■ Comunidades como Castilla y León cuentan con 6,29 plazas por cada 100 mayores, Castilla-La Mancha 5,71,Aragón 5,62, Navarra 5,19, Madrid 5,01, Cataluña 4,48 y Extremadura 4,35.
■ La falta de respuesta del Gobierno andaluz se pone de manifiesto en el hecho de que Andalucía es la única Comunidad Autónoma que ha bajado en su índice de cobertura respecto al 2004, pasando del 2,78 al 2,71.
■ En la actualidad hay muchísimos mayores andaluces en lista de espera para poder acceder a una plaza.
■ Andalucía cuenta aproximadamente con un centenar de Centros de Día, cifra a todas luces insuficiente dado el peso poblacional de los mayores.
■ Por otra parte, existe un desequilibrio territorial importante en la implantación de estos Centros de Día. Provincias como Córdoba cuentan con 26 centros, frente a Sevilla que sólo cuenta con 5.
■ El prometido “chequeo anual para mayores” sólo alcanza el 25% y además el SAS no se ha dotado a los centros de salud con la plantilla necesaria.

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