El presidente de la asociación Convivencia Cívica Catalana (CCC), Francisco Caja, ha anunciado una querella criminal contra la Consejería de Enseñanza de la Generalidad. Acusa a la Consejería de un delito de prevaricación al incluir en el documento de preinscripción escolar una casilla para la escolarización en castellano de los alumnos pese a las repetidas sentencias contra la política de inmersión lingüística.
Caja, en rueda de prensa, dijo que la Generalidad "se ha convertido en un delincuente" por publicar a sabiendas una resolución injusta sobre este asunto, lo que supone para CCC un delito de prevaricación, y ha apuntado que la querella irá directamente contra la directora general de atención a la familia, Meritxell Ruiz –que firma la resolución– y a la consejera Irene Rigau –como responsable última de la orden–.
Caja ha explicado que después de presentar la querella Rigau deberá resolver el recurso de inmediato, y en caso de que confirme la resolución "incurrirá en un delito de ilegalidad", algo que augura que suceda con toda probabilidad.
Según las estimaciones de Caja, la resolución positiva de la querella puede comportar la inhabilitación de la consejera y de la directora general entre siete y diez años de la función pública.
Caja pretende agotar todas las acciones legales posible, ya que ha advertido de que Rigau está incurriendo en desobediencia a los tribunales y se le puede aplicar un procedimiento de ejecución forzosa, "si se empecina" en aplicar la inmersión en contra de las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto y el Tribunal Supremo (TS) contra la inmersión.
Además de este procedimiento penal, CCC presentará un contencioso-administrativo por la vía ordinaria contra el Gobierno catalán, que para CCC vulnera el derecho constitucional de recibir una enseñanza bilingüe, algo que desea la mayoría de la población catalana.
Por otra parte, Caja ha asegurado que la Generalidad ha incurrido también en un delito de responsabilidad patrimonial por los 17 años de inmersión lingüística en los que no ha aplicado la enseñanza bilingüe, de modo que tres familias ya están en trámites con CCC para pedir indemnizaciones de hasta 3.000 euros cada una.
"Reclamarán indemnizaciones por el tiempo que han estado sin la prestación básica", dijo Caja, quien ha animado a todas las familias que sientan vulnerados sus derechos a pedir estas indemnizaciones.