LD (EFE) Ciudadanos ha acusado a la Generalidad de "amenazar" y "presionar" al sector de la hostelería para que, además de la lengua castellana, utilice también el catalán en su atención al cliente.
El Ejecutivo de José Montilla inicia este lunes una campaña de inspecciones para verificar que los establecimientos cumplen la normativa lingüística, de manera que si hay algún incumplimiento de la normativa se apercibirá al establecimiento y se le darán tres meses para que lo subsane, antes de plantear sanciones.
El secretario de relaciones institucionales de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha lamentado en un comunicado que "en una situación de máxima dificultad del sector de la hostelería, la única respuesta" del Gobierno catalán sea "la sanción por motivos lingüísticos".
Por otro lado, ha acusado al Ayuntamiento de Barcelona de "vetar una campaña publicitaria a favor de la libertad lingüística en las escuelas" y se ha solidarizado con la Asociación por la Tolerancia, que pretendía utilizar los autobuses de la ciudad como soportes para sus mensajes publicitarios contra la inmersión lingüística.Por su parte, Alberto Fernández Díaz, presidente del grupo municipal Popular en el Ayuntamiento Barcelona, ha calificado “de vuelta de tuerca nacionalista agravada por tiempos de crisis la imposición del catalán en hoteles y restaurantes”. Fernández Díaz ha señalado que “esta medida se rechaza por si misma por el fondo, y además por el momento actual de crisis que todavía la convierte en más declinable”. Ha recordado que “seguramente esta presión de controlar el uso del catalán en hoteles y restaurantes acabará en sanciones como ya sucede en algunos comercios”.
El edil Popular ha indicado que “en tiempos de crisis lejos de poner más trabas a los comercios y empresas, se debe dar más facilidades, en vez de enviar Comisarios lingüísticos deberían garantizar agilidad administrativa en la concesión de licencias, cuya lentitud es un impuesto añadido al ampliarse su tardanza en la concesión”.
Para Fernández Díaz “es inadmisible la presión del Tripartito hacia los comercios por el uso del catalán que recaudaron en sanciones durante 2007, 138.150€, presión que creció durante 2008”. En este sentido ha recordado las sanciones a 62 comercios de Barcelona por rotular en castellano, que perjudica la imagen de Barcelona, ya que se transmite que no hay libertad, hecho que frena la inversión de empresas”.
Finalmente Fernández Díaz ha explicado que “el último Barómetro del Ayuntamiento de Barcelona confirma que castellano y catalán tienen un uso igual por parte de los barceloneses con un 51% en catalán y un 47% en castellano, demostrando que no hay conflicto ciudadano por el uso de ambas lenguas”.
Además, Fernández Díaz considera “sectario e injustificado el veto a la publicidad a favor de la enseñanza en castellano”. Por lo que ha añadido que “pediremos explicaciones al Ayuntamiento y a la Entidad del Transporte”.
Fernández Díaz considera que “Transportes Metropolitanos de Barcelona consintiendo campañas publicitarias como la de los autobuses ateos, ha permitido una connotación ideológica en la publicidad del transporte, de la cual debería estar desprovista al tratarse de un medio público”.
En este sentido el presidente Popular ha añadido que “la libertad de expresión lo ampara todo menos aquello que se expresa sin respeto, y en el ámbito público no se puede formular publicidad desde el ataque o en forma de controversias religiosas como la de buses ateos”. Por lo que ha añadido que “no entendemos porque ahora la campaña de elegir el idioma en la enseñanza se considera polémica cuando es meramente informativa”.
Asimismo Alberto Fernández ha señalado que “esta campaña pretende informar de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, para que se incluya la casilla del castellano junto la del catalán, para que los padres puedan escoger el idioma que desean como primera enseñanza para la educación de sus hijos, de acuerdo con la Ley de Política Lingüística”.
Finalmente el presidente Popular ha explicado que espera que “el Consorcio de Educación promueva que los padres puedan escoger la lengua oficial con la que quieren educar a sus hijos, garantizando el conocimiento de ambas lenguas oficiales”.