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L D (EFE) El nieto de la propietaria del inmueble, José Miguel Torres Lara, explicó que "el piso no estaba deshabitado" y añadió que "lo que pasa es que desde hace cuatro meses el chalet tenía un uso irregular", desde que su abuela, Dolores Gómez Medina, fue ingresada en una residencia.
Torres Lara explicó que los hijos y nietos de la anciana "iban de vez en cuando a la casa" situada en el número 4 de la calle Archipiélago, en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca, en donde su abuela tenía su ropa y objetos personales, hasta que el pasado 12 de mayo una de las nietas descubrió que había dos parejas de jóvenes "con aspecto punki" viviendo en el chalet.
Cambio de cerradura y amenazas
La misma persona comprobó cómo los "okupas" habían cambiado "de alguna manera" la cerradura del inmueble, "se habían instalado a vivir e incluso estaban pintando las paredes", relató Torres Lara.
El nieto de la propietaria explicó que, cuando los familiares de la propietaria intentaron dialogar por primera vez con los "okupas" éstos respondieron burlonamente que la casa estaba deshabitada y les instaron a "denunciar el caso a la policía", si querían.
Posteriormente, en una ocasión en que Torres Lara acudió en solitario al domicilio, apareció, según su relato, un grupo de 15 "punkies" armados con "barras de hierro y bates de béisbol" que le amenazaron con golpearlo si insistía en entrar a la vivienda.
"La justicia es muy lenta"
"El barrio está asustado", declaró el nieto de la propietaria, que además lamentó no poder reducir de forma inmediata la habitabilidad de la vivienda, ya que "se tarda más o menos un mes y medio o dos meses en poder cortar la luz y el agua".
"La justicia es muy lenta", lamentó Torres Lara, y explicó que tras descubrir la 'okupación' presentó una denuncia en el juzgado de instrucción número 23, pero que ésta no supuso, en contra de lo que él esperaba, un desalojo "inmediato", sino que el juez de guardia le comunicó que el proceso podía demorarse varias semanas.
Mal aconsejado
La asesora legal de la familia de Dolores Gómez, María José Martín, explicó que en el momento en que Torres Lara acudió a presentar la denuncia el titular del juzgado "estaba de baja" y el juez sustituto le recomendó "llevar el caso por la vía de lo civil", algo que según Martín "no era lo más adecuado".
La abogada explicó que la policía no puede intervenir "sin una orden judicial" y explicó que recientemente habían pedido "una tramitación de urgencia" por la vía de lo penal, tras lo cual esperaban "obtener respuesta en el plazo de una semana o diez días", lo que podría significar una pronta resolución del conflicto.
