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LD (EFE) El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y cuatro ex concejales de la localidad malagueña han sido condenados a un año de prisión por delitos urbanísticos en relación a la concesión de licencias para la construcción de 250 viviendas a la empresa Algabamar II SL. Del mismo modo, ha sido condenado el ex regidor y los cuatro ex ediles -Rafael González, Marisa Alcalá, Dolores Zurdo y Mario Jiménez- a diez años de inhabilitación.
La Fiscalía solicitaba dos años de prisión para Muñoz, Alcalá y González por la comisión de cuatro delitos contra la ordenación del territorio, pero finalmente las partes implicadas han llegado a un acuerdo por un año, por lo que el magistrado encargado del caso ha dictado para ellos una sentencia de conformidad.
Además, el Ministerio Público acusaba a los ex concejales Tomás Reñones, Javier Lendínez, José Luis Troyano, Manuel Calle, José Luis Fernández Garrosa, Alberto García Muñoz y Dolores Zurdo de dos delitos contra la ordenación del territorio.
En el juicio oral, celebrado en el Juzgado de lo Penal número 7 de la Audiencia Provincial de Málaga, se ha sentenciado a Lendínez y Troyano a nueve meses de cárcel y diez años de inhabilitación, ya que la defensa de ellos se ha conformado con la pena demandada por la Fiscalía. El juez ha pospuesto para el próximo 27 de octubre la sentencia para cuatro de los acusados en el caso -García Muñoz, Reñones, Fernández Garrosa y Calle-, debido a que ellos o sus abogados no se encontraban presentes durante el ejercicio de la vista oral.
Juan Antonio Yagüe, el acusado ausente
En el banquillo de los acusados también debería haberse sentado el ex edil Juan Antonio Yagüe, hermano de la ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe, pero se encuentra en busca y captura desde 2006 al no presentarse para cumplir una condena de un año de prisión por un delito urbanístico.
En el caso se han enjuiciado los hechos relativos a la concesión de varias licencias por parte del Ayuntamiento a la empresa Algabamar II entre 1998 y 1999 para la construcción de 250 viviendas en unos terrenos calificados como rústicos y rústicos de control en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1968.
El Consistorio otorgó en comisión de gobierno en noviembre de 1998 la licencia al proyecto básico para la primera fase de la promoción inmobiliaria, que comprendía cien viviendas, y en enero de 1999 aprobó el proyecto de ejecución. En julio de 1999 la comisión de gobierno concedió la licencia a los proyectos básico y de ejecución de la segunda fase de dicha promoción, con 90 viviendas, y en octubre de ese año hizo lo mismo con la tercera fase, que preveía la edificación de 60 inmuebles.
Para su comparecencia en el juicio, Julián Muñoz ha sido trasladado a la Ciudad de la Justicia de Málaga desde la prisión de Alhaurín de la Torre, donde cumple condena por otras causas urbanísticas.
El fiscal señala que las licencias se otorgaron "pese a que las mismas autorizaban a edificar en un suelo que de acuerdo con las normas urbanísticas vigentes aplicables, constituidas por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1968, vigente en aquel momento, estaba clasificado como suelo rústico y con la calificación de suelo rústico de control".
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