Según informó el Ministerio del Interior en un comunicado, las mujeres eran retenidas en pisos 'patera', donde los explotadores acoplaban la máxima cantidad de camas para albergar el mayor número posible de mujeres. De hecho, los agentes llegaron a contabilizar hasta trece camas en viviendas de tres dormitorios. Además, las mujeres debían respetar estrictas normas bajo la amenaza de castigos económicos.

La Unidad contra Redes de Inmigración ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) aseguró que la red criminal estaba compuesta por parejas sentimentales o matrimonios hispano-rusos, propietarios o explotadores de los locales de alterne. En la mayoría de los casos, mientras el hombre gestionaba el local, su pareja se encargaba de contactar con los traficantes y controlar a las mujeres explotadas sexualmente.

Como norma general, el pago por cada víctima se realizaba mediante envíos monetarios a Rusia, donde aparecen diferentes remitentes y beneficiarios. Cada envío no superaba nunca los 3.000 euros para evitar ser fiscalizados por las autoridades monetarias rusas o españolas.