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Dimite el juez de paz de Pinto ante su imposibilidad moral de casar a parejas homosexuales

Antonio Alonso, el juez de paz de Pinto (Madrid), que se niega a casar a parejas homosexuales por motivos morales, ha presentado su dimisión ante el Tribunal Superior de Madrid "por la imposibilidad como juez de registro civil a presentar recurso de inconstitucionalidad de la ley que permite estos matrimonios". El alcalde de la localidad ha mostrado su satisfacción ya que éste no podía echar al juez al haberse producido el nombramiento directamente por el Tribunal Superior de Justicia.

Antonio Alonso, el juez de paz de Pinto (Madrid), que se niega a casar a parejas homosexuales por motivos morales, ha presentado su dimisión ante el Tribunal Superior de Madrid "por la imposibilidad como juez de registro civil a presentar recurso de inconstitucionalidad de la ley que permite estos matrimonios". El alcalde de la localidad ha mostrado su satisfacción ya que éste no podía echar al juez al haberse producido el nombramiento directamente por el Tribunal Superior de Justicia.

L D (Agencias) Antonio Alonso añadió que "además de este motivo, presento mi dimisión por mi imposibilidad moral de casar a parejas homosexuales, por lo que no puedo aplicar esa ley". En caso de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que le nombró juez de paz, acepte su petición, ocupará el cargo su sustituta, Rosa Isabel Asaranz, que fue nombrada como juez suplente de Alonso cuándo éste asumió su cargo.

Desde que el pasado 10 de octubre el todavía juez de paz se negara a casar a una primera pareja gay, se han presentado en Pinto otras dos solicitudes más de matrimonio entre personas del mismo sexo que se mantienen en suspenso, informa Efe.

Satisfacción del alcalde de Pinto

El alcalde de la localidad, el socialista Juan Tendero, mostró su satisfacción "porque finalmente prevalece la igualdad de todos los ciudadanos frente a la arbitrariedad de un titular de la Justicia que pretende aplicar la ley de forma personal".

La elección en su día de Antonio Alonso como juez fue excepcional, ya que habitualmente este nombramiento es responsabilidad del Ayuntamiento donde está ubicado el juzgado. En este caso, un recurso contencioso-administrativo presentado por Alonso contra el nombramiento de juez de paz que hizo la corporación municipal tuvo como consecuencia que el Tribunal fallara a favor de Alonso y le nombrara titular del juzgado.

Ante este hecho, el único que podía destituir a Alonso, como pidió el alcalde de la localidad, era el propio Tribunal Superior de Justicia que le nombró de forma excepcional, y no el Ayuntamiento como ocurre en la generalidad de estos casos.

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