El pronunciamiento conjunto del Consejo General del Poder Judicial sobre la ley del aborto libre brillará por su ausencia. Tal y como ha informado su portavoz, Gabriela Bravo, "el Consejo no va a emitir ningún informe". Se trata de un hecho inédito ya que, por primera vez en la historia el gobierno de los jueces, éste no va a emitir un dictamen preceptivo siendo competente para ello.
El motivo es que el segundo informe elaborado por la Comisión de Estudios se ha atascado este jueves en el pleno, al registrarse un empate a 10 en la votación entre los partidarios y contrarios al proyecto. La abstención del vocal propuesto por CiU, Ramón Camp, ha bloqueado la votación.
Bravo ha reconocido que "la ley del aborto ha generado polémica, discusión doctrinal y posiciones encontradas" en el seno del Consejo.
Ninguno de los dos informes, adelante
El informe final que se sometió este jueves a votación avalaba la constitucionalidad del proyecto de ley del Gobierno, pero incidía en la oportunidad de que los padres sean informados de que sus hijas menores de edad van a abortar.
Para la aprobación definitiva del texto el voto de Camp era decisivo, ya que el CGPJ se ha dividido en dos bloques: uno compuesto por los vocales elegidos a propuesta del PSOE y Margarita Uría (del PNV y ponente del dictamen), y otro, los 9 designados por el PP y el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, quien ha votado junto con el bloque conservador.
El informe redactado por Uría consideraba que el anteproyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo es constitucional, aunque incluye algunas recomendaciones al Gobierno, como que se reconozca el derecho de los padres a ser informados de que sus hijas menores de edad van a abortar.
No obstante, ésta era la segunda propuesta de estudio por parte del Consejo, ya que la primera de ella fue rechazada por la propia Comisión de Estudios que la redactó. El ponente en aquella ocasión fue el vocal Claro José Fernández. Dicho texto, sometido de nuevo a quórum nuevamenta, fue rechazado otra vez. Recibió diez apoyos y once votos en contra, ha explicado la portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo.
Puntos polémicos
Algunos de los puntos del informe de Uría que han provocado el rechazo de los vocales conservadores del CGPJ se refieren al derecho de la mujer, mayor o menor de 16 años, a decidir por sí misma sobre el aborto en el caso de que "tenga la suficiente capacidad intelectual y emocional para comprender el alcance de la intervención y las consecuencias que se derivan de la misma".
Pese a que aconseja que los padres sean informados de la intervención, el dictamen aclaraba que podían darse "circunstancias excepcionales" que fundamenten la "no información en beneficio de la menor". Cuando el representante legal se oponga a consentir el aborto, se recomienda diseñar un "procedimiento judicial" para autorizar la interrupción del embarazo "siempre que así lo aconsejase el interés de la menor".
En cualquier caso, declaraba la "inoperatividad" de este consentimiento para garantizar que en los supuestos de inmadurez de la menor de edad "ningún tercero puede sustituir a la mujer en la decisión libre e informada de interrumpir voluntariamente el embarazo (IVE)".