El caso de Natalia Santacreu no se puede considerar un hecho aislado. Los padres de la niña valenciana de diez años, a quien robaron sus sobresalientes por contestar en castellano los exámenes, vieron cómo su lucha obtenía los frutos deseados: el gobierno de Francisco Camps se comprometía devolverle sus merecidas notas.

Pero la imposición lingüística continúa afectando a miles de ciudadanos, no sólo en las provincias donde ejercen el poder los nacionalistas sino también, como en Valencia, el Partido Popular.

Por este motivo, la Fundación Unidad+Diversidad, representada por su presidente Juan de Dios Dávila, junto a Juan Vicente Santacreu, presentó este martes en la sede del PP un requerimiento notarial para que el partido cumpla su programa electoral en lo referente a la libertad lingüística.

El PP puede responder o no hacerlo, “no tiene obligación”, ha señalado en declaraciones a LD Juan de Dios. Pero de esta manera queda “constancia pública ante notario de lo que se le ha requerido y de su respuesta o de su no respuesta”.

En este requerimiento notarial exigen a Rajoy que “haga cumplir su Programa Electoral o, en caso contrario, exponga su incumplimiento y, en un ejercicio de transparencia política, explique a su electorado que en ningún caso garantizará a los padres el derecho a elegir libremente la lengua vehicular de la enseñanza de sus hijos, de manera que los electores del Partido Popular puedan sopesar libremente este incumplimiento programático y decidir si mantienen su apoyo a este partido”.

En él recuerdan a Mariano Rajoy y a todo el partido que él lidera su propio programa electoral de 2008, en lo que respecta a la libertad de los padres a que sus hijos estudien en la lengua que ellos elijan:

• 177.- “Los españoles tienen derecho a elegir el idioma en el que educar a sus hijos”
• 179.- “La Lengua no puede convertirse en un factor de discriminación ni una barrera cultural para restringir derechos, impedir la movilidad geográfica, o romper la unidad de mercado”
• 186.- “Estableceremos las medidas necesarias para garantizar el derecho de todos los españoles a usar el castellano y asegurar que ningún ciudadano sea discriminado por el ejercicio de este derecho”
• 187.- “Garantizaremos por ley el derecho a utilizar y estudiar en castellano en todas las etapas del sistema educativo”.  

A continuación añaden lo que indica la legislación autonómica valenciana, “contraria a los derechos de los padres a educar a sus hijos en castellano”, por lo que exigen al PP a que la “modifique con carácter inmediato”.

El Art. 10 del Decreto 79/1984, sobre Uso y Enseñanza del Valenciano, textualmente dice:

“En los Centros situados en los territorios de predominio lingüístico valenciano, a tenor del Título Quinto de la Ley 4/1983, y al objeto de favorecer una enseñanza adecuada al medio sociocultural se hará una extensión progresiva del valenciano como lengua de enseñanza a partir del Ciclo Medio con el fin de conseguir un conocimiento ponderado y compensatorio del valenciano y del castellano en el Ciclo Superior y en los niveles de enseñanza media”.