Francisco Javier Díaz Aparicio, nuevo abogado del pirata somalí Abdu Willy, encarcelado en España por ser uno de los presuntos autores del secuestro del Alakrana, no quiere decir quién lo ha contratado ni quién le está pagando.

Letrado de reconocido prestigio ha sustituido al abogado de oficio que hasta ahora asistía al joven somalí. Desde que esta mañana respondiese en la puerta de la Audiencia Nacional con una evasiva a los periodistas sobre quién le está pagando, la polémica ha saltado.

¿Paga el Gobierno al defensor del presunto criminal? Díaz Aparicio ni confirma ni desmiente que se le haya contratado con dinero público. En respuesta a Libertad Digital, el letrado ha dicho que no puede “ni ratificar ni desmentir” que se le pague con dinero público porque “eso va en contra de la filosofía de mi profesión”, ha dicho. "Si descarto voy cerrando el círculo”, ha añadido.

El pirata, ¿cómplice?

El abogado ha acudido este martes a la sede de la Audiencia Nacional para pedirle al Ministerio Fiscal que considere al pirata cómplice, y no autor, del secuestro del atunero "Alakrana". De esta forma, la pena que le correspondería a su cliente sería inferior a los 6 años de prisión y pueda tramitarse un expediente de expulsión.

La clave, según el letrado, estaría en el artículo 57.7 de la Ley de Extranjería que versa sobre expulsión del territorio. "Cuando el extranjero se encuentre procesado o inculpado en un procedimiento judicial por delito o falta para el que la Ley prevea una pena privativa de libertad inferior a seis años o una pena de distinta naturaleza, y conste este hecho acreditado en el expediente administrativo de expulsión, la autoridad gubernativa someterá al juez que, previa audiencia del Ministerio Fiscal, autorice, en el plazo más breve posible y en todo caso no superior a tres días, su expulsión, salvo que, de forma motivada, aprecie la existencia de circunstancias excepcionales que justifiquen su denegación".

Sin embargo, el problema radica en que los delitos a los que se enfrenta "Abdu Willy", asociación ilícita, de 36 de detención ilegal y uno de robo con violencia y uso de armas, afrontan penas muy superiores a una condena de seis años.

La extradición, "imposible"

Díaz Aparicio después de entrevistarse en la Audiencia Nacional con el teniente fiscal de este tribunal, Fernando Burgos, y el fiscal jefe de la misma Javier Zaragoza, ha declarado que cree "que es buena la solución de la expulsión". Por ello, planteará esta propuesta al juez Santiago Pedraz "porque la defensa quiere colaborar con la Justicia y las familias de los marineros".

Por su parte, fuentes de la Fiscalía han manifestado que Burgos se ha limitado a escuchar al letrado y que le ha indicado que si tiene alguna propuesta que hacer que la presente ante el magistrado competente que sería el titular del juzgado Número 1 de Instrucción de la Audiencia, Santiago Pedraz.
Díaz Aparicio reconoce que la “extradición es imposible” entre otras cosas porque podría tardar entre ocho y nueve meses.

Por otro lado, Díaz Aparicio sostiene la Fiscalía de la Audiencia Nacional "no tiene capacidad para decidir y espera instrucciones de sus jefes: el Fiscal General del Estado, el ministro de Justicia" y el presidente del Gobierno”.

Fuentes jurídicas consultadas en la Audiencia Nacional han considerado muy complicado que la propuesta que plantea Díaz Aparicio sea factible, ya que aunque a "Abdu Willy" se le condenara como cómplice y no como autor del secuestro del atunero, la pena sería muy superior a los 6 años de prisión, ya que está acusado, entre otros, de 36 delitos de detención ilegal.