LD (EFE) El alcalde de Alcaucín, el socialista José Manuel Martín Alba (PSOE), detenido el viernes junto a otras 12 personas en la operación "Arcos" contra la corrupción urbanística, fue trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil en Málaga tras concluir el registro efectuado en el Ayuntamiento.
El alcalde salió del edificio consistorial sobre las 21.40 horas del viernes y, al igual que a su llegada alrededor de las 12.15 horas, estuvo arropado por numerosos vecinos.
Los agentes han sacado del Ayuntamiento varias cajas con documentación, operación que también se ha repetido en una asesoría jurídica cercana a la casa consistorial.
El municipio de Alcaucín ha estado en los últimos años en el punto de mira de los ecologistas, que han denunciado en varias ocasiones el proceso urbanizador en el suelo rústico de esta comarca, en cuyo campo calculan que se han construido unas 20.000 viviendas.
Doce de las detenciones se han practicado en la provincia de Málaga, y una -la de un constructor- en la de Huelva.
Entre los arrestados se encuentran varios miembros de la familia del alcalde (fuentes de la investigación han indicado que son dos hijas), dos arquitectos, empresarios dedicados a la promoción y construcción de viviendas (los dueños de dos empresas -Crocasa S.L. y Alta Axarquía- y familiares) y un intermediario.
Ecologistas en Acción de la Axarquía mostró en febrero de 2007 sus "sospechas" de la existencia de una vinculación "excesivamente benefactora" del Ayuntamiento con Crocasa relacionada con una recalificación de suelo, y ya anunció que esos hechos los estaba investigando la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga.
La operación de la Guardia Civil, según el instituto armado, ha destapado una trama organizada que se dedicaba presuntamente a construir urbanizaciones y viviendas aisladas sobre suelo no urbanizable en la citada comarca malagueña. La trama supuestamente promocionaba, construía y luego comercializaba las viviendas, principalmente a extranjeros.
Las pesquisas de los agentes apuntan a que los empresarios dedicados a esta actividad pagaban presuntamente diversas cantidades de dinero y en especie a los cargos públicos que supuestamente consentían, encubrían e incluso impulsaban tales irregularidades.
Posteriormente, trataban de legalizarlas mediante informes y certificados falsos expedidos por arquitectos titulados, a través de los cuales se conseguía alterar las correspondientes inscripciones catastrales y registrales de las fincas.