En este sentido, reconoce que así se contribuye a conciliar el derecho a decidir de la mujer que es suficientemente madura, con las facultades de orientación y consejo que derivan de la patria potestad y tutela. "No obstante, circunstacias excepcionales debería poder fundamentar la no información en beneficio de la menor", recoge.

En cualquier caso, el CGPJ no considera necesario el consentimiento paterno cuando la menor de edad, sea mayor o menor de 16 años, tenga la suficiente capacidad intelectual y emocional para comprender el alcance de la intervención y las consecuencias que se derivan de la misma. "De ese modo --continúa el dictamen-- se produce una mejor acomodación con la sistemática general del ordenamiento civil, y se refuerza la garantía de madurez respecto de la mujer que ha de consentir".

En el caso de que el representante legal se opusiera a prestar el consentimiento, el CGPJ considera "adecuado" que se diseñe un procedimiento judicial con la finalidad de autorizar el IVE "siempre que así lo aconseje el interés de la menor".

Para el CGPJ es constitucional

Por otra parte, el informe considera constitucional el anteproyecto del Gobierno y señala que "no configura un derecho subjetivo" al aborto, sino que "garantiza la igualdad en el derecho de acceso a la prestación sanitaria de la misma". También apunta que el sistema de plazos "no supone la desprotección penal de la vida del nasciturus" y sí "una renuncia a castigar penalmente durante un plazo determinado, concreto y limitado".

Además, recoge que la información que deba darse a la gestante debe ser "exhaustiva, completa e individualizada, pudiendo extenderse a la información clínica detallada sobre su estado y proceso de gestación". Asimismo, pide que se describa "rigurosamente" el desarrollo del feto y que se informe sobre los riesgos que para la madre representa la prática de un aborto a nivel físico y emocional.

En cualquier caso, advierte de que la información necesaria para prestar el consentimiento "no puede convertirse en un acto protocolarizado, que no atienda a las circunstancias específicas". "La información así ofrecida no cumpliría con la función prevista en la ley, y el consentimiento así prestado no serviría al efecto previsto", añade.

En los supuestos de riesgo inmediato y grave para la salud de la madre, apunta que se debería ampliar la posibilidad de prescindir del consentimiento de la embarazada tal y como se actúa ante cualquier intervención médica. "De ese modo, se mantendría un régimen jurídico uniforme", agrega.

También considera oportuno que se explique y justifique en la Exposición de Motivos del anteproyecto ley las razones por las cuáles se ha optado por fijar los plazos en 14 y 22 semanas. Sobre la objeción de conciencia, recomienda que se prevea el procedimiento y efectos de la declaración del objetor, así como la creación de un Registro de Objetores de Conciencia de Profesionales Sanitarios.

Se aprueba este miércoles, aunque puede ser matizado

Este dictamen, de carácter preceptivo pero no vinculante, será aprobado previsiblemente este miércoles en la Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al obtener el voto favorable de tres de los vocales que la integran, de izquierdas(Margarita Robles, José Manuel Gómez Benítez y la ponente del mismo Margarita Uría), frente al voto en contra de los vocales designados a propuesta del PP Concepción Espejel y Claro José Fernández.

Precisamente este último vocal fue el ponente de un informe inicial que apuntaba que diferentes aspectos de la ley presentan problemas de encaje constitucional. Su dictamen fue rechazado en una sesión anterior de la Comisión de Estudios, en el que se designó ponente a Uría.

El informe de Uría, no obstante, podría ser matizado y modificado durante el debate de mañana, y el texto resultante será discutido en última instancia en el Pleno que se celebrará el próximo día 23.

El texto del ponente inicial, el vocal propuesto por el PP Claro José Fernández, apuntaba que, en congruencia con la doctrina del Tribunal Constitucional, no cabe reconocer un supuesto derecho al aborto al tratarse de un acto que supone la negación o destrucción de un bien jurídico superior como es la vida humana.