El Valle de los Caídos lleva cerrado por decisión del Gobierno desde el 1 de diciembre de 2009, quince meses en los que, como en tantos otros temas, esta decisión arbitraria ha tenido serias consecuencias que inciden en el bolsillo de los contribuyentes y en la vida de muchas personas, como aquellos que han perdido su trabajo.
Y es que, desde que se cerrase el Valle, las arcas de Patrimonio Nacional habrían dejado de ingresar una importante cantidad de dinero, no menos de 2.650.000 euros, según los cálculos más fiables que pueden hacerse.
400.000 visitantes al año, como mínimo...
Esta importante cifra saldría sobre todo del brusco final de los importantes ingresos por taquilla del lugar. Según datos de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC), que se remite a información de Patrimonio Nacional, el Valle recibía antes de su cierre 450.000 visitantes al año.
Consultados por la cuestión, desde Patrimonio Nacional se nos ofrece únicamente la cifra de visitantes en el año 2009: 360.461 personas pasaron por el Valle ese año. Eso sí, para analizar esa cifra hay que tener en cuenta que en 2009 se había iniciado ya el cierre del Valle, que pasó una semana clausurado por la restauración y limpieza de la Basílica y un mes completo por la arbitrariedad gubernamental; un mes que además era diciembre, que cuenta con el periodo vacacional de Navidades y con el puente de la Constitución.
Para nuestra estimación utilizaremos, pues, una cifra que nos parece razonable y al mismo tiempo conservadora: 400.000 visitantes al año. Este número está lejos de los 600.000 visitantes que señalaba El País en los años 80 pero sigue colocando al Valle como uno de los monumentos más visitados de Patrimonio Nacional.
Todos estos visitantes pasaban por taquilla, pagando entradas de 5 euros, o de 4 en el caso de las entradas de precio reducido (jubilados, estudiantes...). No es por tanto aventurado, e incluso es un cálculo conservador, considerar el precio medio pagado por los visitantes 4,5 euros.
Así, con una sencilla regla de tres podríamos calcular que en los 15 meses que ya lleva cerrado el Valle habría recibido unos 490.000 visitantes, que habrían pagado 4,5 euros cada uno por su entrada de media. Sin embargo, hay que introducir un factor de corrección, ya que en el pasado mes de febrero Patrimonio Nacional aumentó el precio de sus entradas nada más y nada menos que un 70%, una subida que de estar abierto debemos suponer que también habría afectado al Valle.
Es decir, que en febrero el precio medio de la entrada no habría sido de 4,5 euros sino de 7,5. En definitiva, para tener un cálculo aproximado de los ingresos por entradas que se han dejado de ingresar hay que tener en cuenta 460.000 visitantes entre diciembre de 2009 y enero de 2011 que habrían pagado su entrada a una media de 4,5 euros; y otros 33.000 en el pasado mes de febrero que habrían pagado 7,5.
La primera multiplicación arroja la impresionante cifra de 2.070.500 euros, la segunda se eleva a los 247.000. Así, podemos concluir que sólo por el concepto de taquilla el cierre del Valle habría supuesto 2.317.000 euros que el Estado ha dejado de ingresar.
Otros conceptos
Pero la cuenta no acaba ahí, ya que el Valle tenía otros servicios, algunos de los cuales también generaban ingresos. Por ejemplo, el funicular a la Cruz (cerrado sin ningún motivo desde hace años) también generaba sus propios ingresos por taquilla, ya que no estaba incluido en el precio de la entrada general.
Subir y bajar en el funicular costaba 2,5 euros y, de nuevo según los datos de la ADVC aproximadamente entre un 20% y un 25% del público que accedía al Valle usaba el funicular, esto significa en los 15 meses de cierre aproximadamente 122.000 usuarios, lo que habría representado unos ingresos de unos 300.000 euros (sin tener en cuenta la subida de precios de marzo, en este caso menos significativa).
El funicular lleva sin funcionar desde el año 2008, cuando se cerró el acceso a la base de la cruz por supuestas razones de seguridad. Como en otras áreas del Valle luego hemos podido comprobar que la seguridad no era la razón última del cierre.
Cafeterías, restaurantes, tienda...
Además de esto tenemos que tener en cuenta los distintos negocios que funcionaban dentro del recinto y que también generaban ingresos, no sólo para las empresas que los gestionaban, sino también para Patrimonio Nacional. Así, podemos encontrar un ejemplo de ello en un ejemplar del BOE del año 2004, que nos puede ayudar a realizar un cálculo.
En él se anunciaba el concurso para licitar el servicio de cafetería del funicular de la Cruz del Valle, y se establecía un canon mínimo mensual de 1.800 euros. Así, tomando este precio como una aproximación, y suponiendo que finalmente se adjudicase por esa cantidad (que recordemos que viene marcada como mínimo), sólo esta cafetería habría dejado de pagar a Patrimonio Nacional unos 30.000 euros durante los quince meses de cierre.
Sin embargo, la cafetería, como los otros dos establecimientos del Valle, está cerrada desde hace unos años. Frente a esto nos encontramos con versiones contradictorias: mientras desde Patrimonio Nacional se aduce que fue la propia empresa concesionaria la que renunció al local otras fuentes señalan que se les habría obligado a terminar con el negocio cuando se cerró el funicular, a pesar de que la cafetería seguía siendo accesible.
El Grupo Cantoblanco, que había sido el adjudicatario de la concesión, ha declinado ofrecer su versión sobre el asunto, pero hay que reseñar que esta empresa tiene una acreditadísima experiencia en la gestión de establecimientos similares y, teniendo en cuenta un mínimo de 400.000 potenciales clientes al año, resulta arriesgado pensar que no se había logrado rentabilizar el negocio.
Similares dudas se mantienen respecto a los otros dos negocios que llego a haber en el Valle: las fuentes de Patrimonio Nacional que hemos consultado no tienen constancia de las razones concretas del cierre, pero señalan a un "posible problema de herencias". Otras fuentes, por su parte, nos hablan de un final de la concesión tras el cuál ésta no se habría renovado.
Además, según ha podido saber Libertad Digital cuando se ha pedido a Patrimonio Nacional el pliego de conciciones para gestionar uno de estos negocios ni tan siquiera se ha recibido respuesta.
Por último, el Valle también contaba con una tienda de recuerdos gestionada por Aldeasa que, según algunas fuentes (aunque en la propia compañía no ofrecen cifras) habría llegado a facturar más de un millón de euros al año. Sin embargo, esta concesión forma parte del acuerdo marco que la compañía tiene con Patrimonio Nacional, por lo que sería muy complejo calcular el lucro cesante que su cierre podría suponer.
Finalmente, de la suma de todos estos apartados (entradas, entradas al funicular y concesiones) obtendríamos una cifra de unos 2.650.000 euros basada, como hemos explicado, en cálculos más bien conservadores y en la que no incluimos todos los conceptos posibles (aunque sí los más importantes). Estos más de dos millones y medio Patrimonio Nacional habría dejado de ingresarlos por la decisión arbitraria del Gobierno de cerrar el Valle de los Caídos. Mientras, como es obvio, los gastos de mantenimiento del monumento son prácticamente los mismos.
Trabajadores despedidos... y deprimidos
Pero la situación no ha alcanzado sólo a las cuentas de Patrimonio Nacional, sino que muchos trabajadores se han visto afectados por la situación. La peor parte se la han llevado la docena de trabajadores de negocios dentro del recinto o de actividades secundarias como las audioguías o el mantenimiento y manejo del funicular, que directamente han perdido sus trabajos.
Pero tampoco los funcionarios de Patrimonio Nacional están tranquilos, tal y como nos cuentan fuentes autorizadas del CSI-CSIF, el sindicato mayoritario dentro de Patrimonio Nacional, los 36 funcionarios que trabajan en el Valle que contemplan con preocupación los acontecimientos.
Una preocupación que nace, entre otras razones, por el absoluto secretismo con el que Patrimonio Nacional hace y deshace en esta cuestión sin comunicarse lo más mínimo con los representantes sindicales.
La peor parte se la están llevando los funcionarios adscritos a las actividades puramente museísticas (taquilleros, encargados, bedeles...), once personas que llevan desde noviembre de 2009 sin desarrollar su trabajo. Aunque sí cumplen otras funciones la situación está resultando particularmente dura para ellos, ya que en su caso la incertidumbre es mayor e incluso habría provocado casos de baja laboral por depresión. En los últimos días, además, se especula con que estaría a punto de llegarles el traslado a otros centros de trabajo de Patrimonio Nacional.
Esta situación representa una preocupación extra para los trabajadores del Valle, ya que la mayor parte de ellos vive en las propias casas dentro del recinto, por lo que temen que si son enviados a otro lugar pierdan también la casa en la que están viviendo.
Para colmo de males, toda esta situación se produce mientras los funcionarios ven recortados sus sueldos en un 5% por los planes de ahorro del Gobierno y, en el caso de los de Patrimonio Nacional, también han visto como se acumulaban retrasos en pagos correspondientes a 2009, ya solucionados, y de 2010, todavía pendientes.
Impacto en empresas de la zona
Por último, también habría que tener en cuenta el impacto negativo que el asunto tiene en localidades cercanas como El Escorial o Guadarrama, para las que el turismo es un factor económico de primera importancia y que han visto como buena parte de esos 400.000 visitantes que llegaban al Valle se han esfumado.
El golpe ha sido directo para algunas empresas como Herranz, que tenía la única línea de autobuses que llegaba al Valle, si bien desde la propia compañía relativizan el problema en su caso, "sólo era una línea con pocas frecuencias".
No se puede decir lo mismo de las empresas de hostelería de la zona, que ya están sufriendo los problemas derivados de la crisis económica. Han iniciado este año con el golpe de la ley antifumadores y, por supuesto, contemplan con más que preocupación que uno de los grandes atractivos turísticos de su zona ya nunca vuelva a serlo, por una mera y arbitraria decisión administrativa.