L D (EFE) Esa es una de las conclusiones que figuran en el informe técnico-jurídico aprobado este jueves por el Comité con el voto a favor de catorce de sus 17 miembros y la abstención de los otros tres, según explicó el ex director general de la Unesco y presidente de la Fundación Cultura de la Paz, Federico Mayor Zaragoza, que actuó como portavoz.
El informe, aprobado tras una reunión que se prolongó desde las 10:00 hasta casi las 18:00 horas y que no tiene carácter vinculante, ha sido elevado al Ministerio de Cultura, que aseguró en un comunicado que lo estudiará "como pieza fundamental de su decisión".
El Comité de Expertos está compuesto por historiadores, archiveros, intelectuales y juristas. Los tres que se abstuvieron son los designados por la Junta de Castilla y León, Julio Valdeón; el Ayuntamiento de Salamanca, Eugenio García Zarza, y la Universidad de esa ciudad, Antonio Morales Moya. El resto de los integrantes del Comité son Edward Malefakis, Federico Mayor Zaragoza, Pedro Cruz Villalón, José Alvarez Junco, Antonio González Quintana, Juan Pablo Fusi, Tomás de la Quadra Salcedo, Borja de Riquer y José Ramón Cruz Mundet.
También hay dos representantes de la Comisión de la Dignidad, Joan Rigol y Josep Cruanyes; uno de la Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas, Pedro González García; de la Asociación de Archiveros de Castilla y León, Rosa María López Alonso, y de la Asociación de Archivos de Cataluña, Angels Bernal Cercós.
El Comité de Expertos está compuesto por historiadores, archiveros, intelectuales y juristas. Los tres que se abstuvieron son los designados por la Junta de Castilla y León, Julio Valdeón; el Ayuntamiento de Salamanca, Eugenio García Zarza, y la Universidad de esa ciudad, Antonio Morales Moya. El resto de los integrantes del Comité son Edward Malefakis, Federico Mayor Zaragoza, Pedro Cruz Villalón, José Alvarez Junco, Antonio González Quintana, Juan Pablo Fusi, Tomás de la Quadra Salcedo, Borja de Riquer y José Ramón Cruz Mundet.
También hay dos representantes de la Comisión de la Dignidad, Joan Rigol y Josep Cruanyes; uno de la Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas, Pedro González García; de la Asociación de Archiveros de Castilla y León, Rosa María López Alonso, y de la Asociación de Archivos de Cataluña, Angels Bernal Cercós.
El comité de expertos fue creado por el Ministerio de Cultura el pasado mes de noviembre. La lista, compuesta por 18 personas a propuesta de Carmen Calvo, fue rechazada por el presidente de la Junta de Castilla y León y el alcalde de Salamanca y, curiosamente, apoyada por la Generalidad. De hecho, la Junta presentó cinco nombres para esa lista que no fueron admitidos.
La consejera de Cultura de la Junta dijo entonces que la decisión sobre los papeles de Salamanca “está tomada” por “el pacto político con los nacionalistas catalanes”.
Menos de una semana después de la constitución del comité, se produjo la primera dimisión. El director del archivo, Miguel Angel Jaramillo, que apoyaba la unidad documental de los centros archivísticos, dimitió como secretario de la comisión de expertos. "Al no tener ni voz, ni voto, mi papel se limitaba a escribir, por lo que creo que no pinto nada allí", dijo Jaramillo.
El Tribunal Constitucional tendrá que dirimir un conflicto de competencias
Sin embargo, el Ministerio de Cultura se encontrará con una dificultad para complacer a los nacionalista catalanes: El Parlamento de Castilla y León aprobó este miércoles la reforma legislativa necesaria para integrar en su Sistema de Archivos el de la Guerra Civil. La reforma, en el primer caso, consiste en la inclusión del depósito documental de la Guerra Civil, con sede en Salamanca y de titularidad estatal, y en general de todos los históricos de titularidad estatal pero de interés para la Comunidad, dentro del Sistema de Archivos de Castilla y León, y en el segundo se trata de dotarle de la consideración de Bien de Interés Cultural.
Cultura ya ha anunciado que planteará un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, y es que la ministra Carmen Calvo parece decidida a contentar a toda costa a Maragall y a su socio Carod Rovira. El Grupo Popular del Parlamento de Castilla y León ha encargado a Javier Gómez de Liaño que defienda a esta Cámara en este conflicto de competencias que, una vez conocido el dictamen del comité de expertos, será crucial para salvaguardar la unidad del archivo.
Gómez de Liaño contará con expertos en Derecho civil y Administrativo, y además cuenta a su favor la jurisprudencia en este tipo de conflictos. Según cuenta este jueves el diario El Mundo, en 1988 el Tribunal constitucional falla a favor de la Junta de la Andalucía frente al recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno de la Nación a la Ley de archivos de esa comunidad, de 1984. En el recurso el abogado del Estado denunciaba que la Junta de Andalucía incluía “en el patrimonio documental andaluz archivos de titularidad estatal”. La sentencia, en un caso calcado al conflicto que enfrenta ahora a Cultura con la Junta de Castilla y León concluía: “Ha de entenderse comprendida la competencia autonómica para definir el patrimonio cultural de Andalucía, en cuanto parte integrante de su patrimonio histórico, así como para determinar los documentos radicados en su territorio que constituyen ese patrimonio”.
Es más, en declaraciones a El Mundo la consejera de Cultura y Turismo de Castilla y León, Silvia Clemente, revela que la propia Carmen Calvo cuando era consejera de Cultura de la Junta de Andalucía promovió una reforma legislativa muy similar a la aprobada ahora por la Cámara castellanoleonesa. En virtud de la cual cualquier traslado de patrimonio documental de Andalucía, entendiendo por ello todo el que se encuentra en territorio andaluz, ya sea propiedad de particulares o de instituciones, requerirá autorización previa de la Consejería de Cultura.