El pleno del Congreso ha aceptado este martes, con los dos únicos votos en contra de IU y UPyD, tramitar la reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura, defendido por la delegación regional como un texto que profundiza en el autogobierno pero desde la lealtad a la Constitución.
El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y los portavoces regionales del PP y PSOE, José Antonio Monago y José Ignacio Sánchez Amor, han integrado la delegación que se ha encargado de la presentación ante el pleno de la Cámara Baja de la propuesta de reforma del Estatuto de Extremadura, que inicia así su tramitación en las Cortes Generales.
Fernández Vara ha explicado que el texto que hoy se debate es "un nuevo estatuto, pero no es un estatuto nuevo" porque lleva implícito un reconocimiento al vigente, a todos los que lo hicieron posible y a todo lo que ha permitido a lo largo de estos años. Ha señalado que en la reforma del Estatuto se ha querido explícitamente que los derechos y deberes que la Constitución reconoce para el conjunto de los españoles estén únicamente en la Carta Magna y sólo se han recogido por ello principios generales. Esto se ha hecho así para dejar claro, según ha indicado, que "el derecho a la educación de los extremeños no lo tienen por ser extremeños, sino por ser españoles".
Rosa Díez: "Nos lleva a cambiar la Constitución por la puerta de atrás"
Nada que ver el relato de Fernández Vara, con lo esgrimido por Rosa Díez para defender su voto en contra. La diputada de Unión Progreso y Democracia, UPyD, dijo que su voto es un veto contra el proceso de reforma desnaturalizada del bloque de constitucionalidad que se inició por el PSOE con la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y se secundó después por el PP –por complejos y sometimiento a sus baronías–, en el resto de comunidades autónomas para disimular el modelo confederal o para mantener el poder partidario en las CCAA en las que unos y otros gobiernan o aspiran a hacerlo. "Por eso, denuncio y voto en contra de un procedimiento que nos lleva a cambiar nuestra Constitución del 78 por la puerta de atrás", afirmó.
La diputada si se mostró a favor de que se inicie un proceso de reforma de la Constitución en la que se analice la distribución competencial actual desde la perspectiva de la igualdad, la cohesión y la competitividad, justo lo contrario de lo que se está haciendo en la actualidad. "Lo que estamos haciendo es inédito en cualquier país moderno y responsable: abrir el melón de las reformas sin un punto final acordado y sin saber adonde se puede llegar. Son ustedes, Gobierno y oposición mayoritaria, el mejor ejemplo de la mala praxis jurídica y política y es una pena que, al menos uno de los dos, no haya mantenido el sentido de Estado".
A continuación, Díez citó algunos artículos como ejemplo de la desnaturalización como el hecho que, desde el mismo preámbulo, el nuevo Estatuto parezca destinado a crear una "identidad extremeña". "Una aspiración de los nacionalistas que ahora parecen haber interiorizado tanto el PSOE como el PP y que se refleja en el mismo preámbulo cuando recoge, literalmente, que el Estatuto es la expresión jurídica de nuestra identidad, que no tiene pasado pero sí nos hace sentir una nostalgia de futuro".
Según Díez, la necesidad de diferenciarse, de tener una identidad propia, colea en varios artículos como en el art.1-4, que describe los elementos diferenciales de Extremadura, o el art.7, en el quese desmenuzan todos los colectivos clasificándolos por problemas generados por su “identidad”, pero lo más significativo es que este afán identitario lleva a desempolvar la figura del Personero del Común en el art. 15, que data de tiempos de Carlos III, en vez de conservar la del Defensor del Pueblo. Tanto empacho identitario me ha hecho recordar que una vez le preguntaron a Buika, la cantante negra y gitana afincada en Baleares, cuál era su identidad y ella contestó: “¿ Mi identidad? Y eso, ¿para qué sirve?” Estoy segura que los extremeños tendrán otros muchos problemas de los que preocuparse antes de su identidad”.
En lo que respecta a laordenación, planificación y gestión de las aguas, Diez denunció que, a pesar de quese ha buscado un texto más light que el de Castilla La Mancha y se reclama la participación en la gestión de las aguas pertenecientes a cuencas intercomunitarias que se encuentren o afecten al territorio de Extremadura, a su entender ese párrafo mantiene la llave en el terreno de la Junta de Extremadura que tendrá la facultad de dar agua bajo negociación, lo que contraviene una política de Estado que resuelva los problemas dentro de una política nacional, que tenga en cuenta todos los elementos de sostenibilidad y desarrollo humano y que no dependa de las relaciones bilaterales entre las distintas CCAA.
Finalmente, aunque los temas más peliagudos de desnaturalización están redactados de forma más suave que en otros textos, el contenido sigue siendo plenamente congruente con la deriva iniciada por el estatuto de Cataluña: se sabe dónde partimos, pero no adónde queremos llegar. "Por eso, por el procedimiento y porque resulta una reforma paladina del bloque de constitucionalidad, mi voto será negativo", concluyó.