L D (Agencias) La Sección Cuarta del Tribunal ha admitido los recursos del Gobierno en sendas providencias notificadas este lunes y en las que se da al Congreso, al Senado, a la Junta y a las Cortes de Castilla y León quince días para que puedan personarse en el proceso y formular alegaciones, informa Ef e.
Dado que el Gobierno invocó en sus recursos el artículo 161.2 de la Constitución (que le permite suspender temporalmente normas autonómicas que recurre ante el TC) el Tribunal decreta efectivamente la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados. De acuerdo con la Constitución, esta suspensión de las normas autonómicas, que es automática una vez que la pide el Gobierno, tiene una vigencia máxima inicial de cinco meses. Transcurrido ese tiempo, el TC deberá decidir si mantiene la suspensión hasta que dicte sentencia, lo que puede demorarse varios años, o permite su aplicación hasta entonces.
El pasado mes de diciembre, las Cortes castellano-leonesas aprobaron dos normas por las que se incluía a todos los archivos históricos estatales con sede en la comunidad dentro de la red autonómica de archivos, y declaraba Bien de Interés Cultural las colecciones que los forman. La primera norma era la modificación del apartado 1 del artículo 47 de la Ley de Archivos y Patrimonio Documental de Castilla y León de 1991, para incluir dentro del Sistema de Archivos de la comunidad los archivos de Simancas, de la Real Chancillería de Valladolid, el de la Guerra Civil Española en Salamanca y todos los históricos de titularidad estatal y de interés para Castilla y León existentes en su territorio.
La segunda norma aprobada por las Cortes Regionales modificaba la Ley de 2002 sobre Patrimonio Cultural de Castilla y León para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) como colección la documentación recogida en todos los archivos anteriormente citados. El 18 de marzo pasado, el Consejo de Ministros acordó recurrir esas dos normas ante el Tribunal Constitucional por entender que invaden competencias reservadas al Estado al afectar a archivos de titularidad estatal.
En el primer caso el Gobierno argumenta que, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, al incluir en el sistema de archivos autonómicos unos archivos de titularidad y gestión estatales, estableciendo además un régimen jurídico sin que se recoja referencia alguna a la legislación estatal de aplicación a los mismos, extralimita las competencias que asumió en su Estatuto de autonomía y vulnera competencias estatales. En el segundo señala que la declaración de BIC de bienes adscritos a un servicio público estatal, como es el caso de los archivos en cuestión, es competencia exclusiva de la Administración General del Estado.
Dado que el Gobierno invocó en sus recursos el artículo 161.2 de la Constitución (que le permite suspender temporalmente normas autonómicas que recurre ante el TC) el Tribunal decreta efectivamente la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados. De acuerdo con la Constitución, esta suspensión de las normas autonómicas, que es automática una vez que la pide el Gobierno, tiene una vigencia máxima inicial de cinco meses. Transcurrido ese tiempo, el TC deberá decidir si mantiene la suspensión hasta que dicte sentencia, lo que puede demorarse varios años, o permite su aplicación hasta entonces.
El pasado mes de diciembre, las Cortes castellano-leonesas aprobaron dos normas por las que se incluía a todos los archivos históricos estatales con sede en la comunidad dentro de la red autonómica de archivos, y declaraba Bien de Interés Cultural las colecciones que los forman. La primera norma era la modificación del apartado 1 del artículo 47 de la Ley de Archivos y Patrimonio Documental de Castilla y León de 1991, para incluir dentro del Sistema de Archivos de la comunidad los archivos de Simancas, de la Real Chancillería de Valladolid, el de la Guerra Civil Española en Salamanca y todos los históricos de titularidad estatal y de interés para Castilla y León existentes en su territorio.
La segunda norma aprobada por las Cortes Regionales modificaba la Ley de 2002 sobre Patrimonio Cultural de Castilla y León para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) como colección la documentación recogida en todos los archivos anteriormente citados. El 18 de marzo pasado, el Consejo de Ministros acordó recurrir esas dos normas ante el Tribunal Constitucional por entender que invaden competencias reservadas al Estado al afectar a archivos de titularidad estatal.
En el primer caso el Gobierno argumenta que, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, al incluir en el sistema de archivos autonómicos unos archivos de titularidad y gestión estatales, estableciendo además un régimen jurídico sin que se recoja referencia alguna a la legislación estatal de aplicación a los mismos, extralimita las competencias que asumió en su Estatuto de autonomía y vulnera competencias estatales. En el segundo señala que la declaración de BIC de bienes adscritos a un servicio público estatal, como es el caso de los archivos en cuestión, es competencia exclusiva de la Administración General del Estado.