L D (Agencias) Daniel Gavela hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa celebrada tras la reunión de la Asamblea General de la AERC, en la que se presentó un informe sobre "La situación del sector de la radio en relación con las emisoras ilegales".

El citado informe, recogido por la agencia EFE, denuncia los años de "desidia política y administrativa que toma carta de naturaleza en los Gobiernos del PSOE y adquiere toda su gravedad en la segunda legislatura de Partido Popular" para afrontar el problema. Según los datos del informe, no parece haberse tratado la concentración –declarada ilegal por el Tribunal Supremo– de la SER y Antena 3 aprobada por un Consejo de Ministros en 1994 y que dio al traste con la emisora que en ese momento superaba en audiencia a la SER pese a tener menos postes de emisión.

Una normativa muy dura, según Gavela

Los datos de la AERC reflejan que hasta el pasado 24 de junio operaban en España 2.419 emisoras ilegales, frente a 1.191 radios legales privadas. Añade que Canarias tiene 434 emisoras ilegales, Andalucía 363, Cataluña 195, Valencia 297, Madrid 142 y País Vasco 124, mientras que Ceuta y Melilla no tienen ninguna.

 

Por paradójico que parezca, Gavela cree que "España es hoy una excepción radiofónica en el contexto internacional", aunque consideró que el problema "no es de normativa, ya que existe y es muy dura", sino que es "esencialmente político". La dureza normativa de la que habla el director de la SER contrasta con los años en los que la televisión LOCALIA, del grupo Prisa, estuvo emitiendo en cadena al margen de la ley hasta que el Gobierno del PP la legalizó sin más. Y en el terreno radiofónico, la apreciación de Gavela choca de frente nada menos que con una sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegal la absorción de Antena 3 Radio por la cadena SER que pasó a emitir por postes ajenos hasta hacerse con el liderazgo de audiencias, el conocido como "antenicidio". Es igualmente cierto que los gobiernos del PP tuvieron que ver cómo el Supremo les ha instado a ejecutar la sentencia sin éxito.

 

 

Irremediablemente hay que volver a remitirse al caso LOCALIA aunque se trate de una televisión. El informe insta a la Administración a que "como medida mínima y con la máxima diligencia procedan al cierre inmediato de cualquier nueva emisora ilegal e impidan la emisión en cadena de emisoras ilegales y de aquellas que, siendo legales, no pueden hacerlo en cadena, como es el caso de las municipales". La televisión de Prisa era un calco de lo que ahora lamenta y quiere evitar Gavela.

La AERC emprenderá una campaña informativa ante las autoridades administrativas y judiciales para concienciarles de la magnitud del problema y denunciará ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y ante las autoridades autonómicas y locales, "la totalidad del inventario de ilegales" detectado hasta ahora por la asociación. La denuncia se tramitará también ante la Agencia Tributaria por los incumplimientos de las emisoras ilegales sobre aspectos vinculados al Impuesto de Sociedades y las normas reguladoras del IVA y ante el Ministerio de Trabajo por posibles deficiencias en cuanto a la contratación de trabajadores.