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NUEVA LEY DE EXTRANJERÍA

El Gobierno abre la vía para el internamiento de los "sin papeles"

El anteproyecto de la Ley de Extranjería, que incrementa a 60 los 40 días actuales de estancia en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), permite la reclusión durante un año y medio de los inmigrantes clandestinos en España.

Celestino Corbacho. Ministro de Inmigración

(Libertad Digital) Según publica el diario El Mundo, el Gobierno de Zapatero ha abierto ya la vía legal al internamiento de clandestinos en España. Aunque el artículo 62 del anteproyecto de la Ley de Extranjería incrementa a 60 los 40 días actuales de estancia en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), existe una excepcionalidad que recoge el mismo precepto permite su reclusión durante un año y medio.

Según dicho precepto “el cómputo del plazo quedará suspendido mientras dure la tramitación y resolución de los procedimientos de asilo o de habeas corpus iniciados. Igualmente procederá dicha suspensión en caso de enfermedad del extranjero o por otras causas no imputables a la Administración que impidan o dificulten su salida de España”.

El Gobierno había presentado como “inevitable” la ampliación a dos meses de la permanencia bajo vigilancia policial de los sin papeles. Pero el Grupo Inmigración y Sistema Penal -integrado por juristas y profesores- ha destapado una norma que amenaza con quebrar el sueño de los que llegan encerrándolos sin fecha de caducidad.

Los críticos con el anteproyecto creen que internar sine die “mientras dure la tramitación y resolución de los procedimientos de asilo y de habeas corpus” conlleva “sancionar el ejercicio de dos derechos reconocidos por nuestra Constitución”. Además denuncian que hacerlo por enfermedad “supone una discriminación intolerable por razones de salud”. Y finalmente, está la última excepción, la que abre todos los cepos y tiende todas las celadas: suspensión del internamiento “por otras causas no imputables a la Administración que dificulten su salida de España”.

Además, denuncian que de aprobarse la norma tal y como está, se condenaría a la prolongación del encierro vigilado “en casi todos los supuestos en que concurran dificultades para emitir o hacer efectiva una orden de expulsión”.

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