El polémico decreto-ley del Gobierno se publica este sábado en el BOE y con él, se salen a la luz las excusas del Ejecutivo, adelantadas por María Teresa Fernández de la Vega, para justificar una decisión cuyo principal beneficiario es Mediapro, con su recién estrenada Gol TV.

El Gobierno explica que para que "la implantación de la TDT sea un éxito", es necesario "incentivar su consumo". En su opinión, "la mejora de los contenidos", ámbito en el que encuadra la TDT de pago, "y el aumento del consumo" de esta modalidad de televisión, "será un catalizador para la correcta sustitución de la tecnología analógica por la digital". "Los contenidos Premium que se proporcionan a través de la TDT de pago constituyen una motivación añadida para la audiencia potencial de la TDT", insiste.

Sobre la "urgencia" de la medida, aprobada mediante decreto-ley, lo que le ahorra trámites parlamentarios y le permite su entrada a vigor justo a tiempo para que Roures rentabilice sus derechos futbolísticos, explica que "si el nivel de antenización no es lo suficientemente elevado la fecha de cese de las emisiones analógicas se puede retrasar". "Cualquier medida que incremente el grado de satisfacción del ciudadano por el paso a esta nueva tecnología, contribuye de forma notable al proceso de antenización", reitera.

Además de estos motivos "técnicos", de los que habló De la Vega, están los "económicos". Según el Gobierno, era necesario dotar al sector audiovisual de "una vía alternativa de generación de ingresos que les posibilite aliviar la situación financiera en la que se encuentran". Así, continúa, podrán hacer frente a la bajada de ingresos por publicidad. También habla del papel de la industria de los equipos para la TDT de pago.

El real decreto aprobado permite a cada concesionario de una licencia de ámbito estatal ofrecer el acceso condicional a través de uno de sus canales de TDT. La normativa establece además que los descodificadores deberán basarse en un estándar tecnológico abierto, de forma que cualquier aparato pueda servir para descodificar la señal de pago de todos los operadores. Así, si por ejemplo las cadenas de televisión optan por ofrecer tarjetas insertables en descodificadores, éstos podrán leer todas las tarjetas. Los actuales no servirían.

Las explicaciones de De la Vega no lograron convencer a casi nadie, excepto a su principal beneficiario, el pasado jueves, y esta ampliación de las mismas tampoco parece que vaya a conseguirlo. Prisa, a la que la decisión del Gobierno deja en una más que delicada situación, ha comenzado ya a arremeter contra el Ejecutivo y ha amenazado con acciones legales.