L D (Agencias) De este modo, la aportación del Gobierno para el próximo año, cuando el sistema empiece a funcionar, será de 400 millones de euros; ascendiendo a 678,6 millones de euros en 2008 y así progresivamente hasta una aportación que alcanzará los 2.212 millones en 2015, cuando el Gobierno prevé que el Sistema esté plenamente implantado.
La propuesta del Gobierno se basa también en que las comunidades hagan una aportación similar para la consolidación del sistema. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, insistió en que "es un texto de las izquierdas, pero para todos, y queremos también incorporar a la derecha" al consenso, informa Efe.
Tomadura de pelo
En este sentido, el Partido Popular acusó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de "engañar" y "tomar el pelo" a los españoles con la futura de la Ley de Dependencia cuando ni siquiera existe el texto del anteproyecto. Según dijeron los populares, lo que hay es un informe que el ministro Caldera presentó el día 23 de diciembre "pero no hay ni anteproyecto de ley ni hay nada" y sí hay 3,5 millones de personas que esperan la entrada en vigor de esta norma "como agua de mayo".
Caldera explicó también que se prevé que en 2015, cuando se atienda a más de 1,3 millones de dependientes, los usuarios se harán cargo del 35 por ciento del coste total del sistema a través del copago. Según los plazos de Caldera, el proyecto de ley podría aprobarse en dos meses y el 1 de enero de 2007 estaría vigente la ley; ese año, el Estado aportará 400 millones de euros, una cantidad que se iría incrementando progresivamente hasta llegar a más de 2.212 millones en 2015.
No subirán los impuestos
El dinero saldrá de los Presupuestos Generales del Estado y no se baraja incrementar los impuestos, ya que, señaló Caldera, el crecimiento de la economía española permite abordar el nuevo sistema.
El Gobierno, explicó, garantizará la financiación del "contenido básico del derecho" y la participación de las Comunidades Autónomas se determinará durante los primeros ocho años mediante convenios con la Administración General del Estado, en los que se establecerá también la progresiva implantación de las prestaciones.
La ley garantizará el derecho universal a la atención de las personas dependientes y el Estado asegurará que esa atención es igual en todo el territorio, subrayó Caldera. A su juicio, la sociedad no entendería que alguna fuerza política o Comunidad Autónoma se quedara fuera del acuerdo.
El Gobierno ya les ha enviado el texto y el próximo 18 de enero tendrá lugar una Conferencia Sectorial para estudiarlo. El sistema dará prioridad a la prestación de servicios y fija un catálogo que incluye desde la teleasistencia y la ayuda a domicilio hasta los centros de día y las residencias para dependientes, aunque será el Consejo Territorial el que lo apruebe definitivamente.
El dinero saldrá de los Presupuestos Generales del Estado y no se baraja incrementar los impuestos, ya que, señaló Caldera, el crecimiento de la economía española permite abordar el nuevo sistema.
El Gobierno, explicó, garantizará la financiación del "contenido básico del derecho" y la participación de las Comunidades Autónomas se determinará durante los primeros ocho años mediante convenios con la Administración General del Estado, en los que se establecerá también la progresiva implantación de las prestaciones.
La ley garantizará el derecho universal a la atención de las personas dependientes y el Estado asegurará que esa atención es igual en todo el territorio, subrayó Caldera. A su juicio, la sociedad no entendería que alguna fuerza política o Comunidad Autónoma se quedara fuera del acuerdo.
El Gobierno ya les ha enviado el texto y el próximo 18 de enero tendrá lugar una Conferencia Sectorial para estudiarlo. El sistema dará prioridad a la prestación de servicios y fija un catálogo que incluye desde la teleasistencia y la ayuda a domicilio hasta los centros de día y las residencias para dependientes, aunque será el Consejo Territorial el que lo apruebe definitivamente.
De los mejores de Europa
Caldera, quien comparó el sistema español con el nórdico y consideró que será uno de los mejores de Europa, destacó la importancia del copago según la renta, porque "no sería justo" que, por ejemplo, una persona fuera ingresada en una residencia y sus familiares se quedaran con su pensión y sus recursos económicos.
"Si con esos recursos llega a pagar el 50 por ciento de la plaza de residencia, pues pagará el 50 por ciento; si sólo llega al 30 pagará el 30 y si llega al 90, pagará el 90", recalcó. Según explicó la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Amparo Valcarce, habrá un baremo para medir el grado de dependencia igual para todo el Estado; en función del análisis de los equipos de valoración de las Comunidades, la persona acudirá a los servicios sociales y recibirá su "plan individual de cuidados".
Cuando no sea posible acceder a un servicio al que se tiene derecho, el anteproyecto establece la posibilidad de otorgar al dependiente un ayuda económica para adquirir la prestación en el mercado, aunque Caldera también citó la posibilidad de cambiar de territorio. Un Consejo Territorial determinará esas ayudas y también las prestaciones económicas a las que "excepcionalmente" podrá acceder el cuidador familiar, tras darse de alta en la Seguridad Social.
El anteproyecto recoge como infracciones, por ejemplo, obstruir la acción de los servicios de inspección o facilitar datos falsos, y las sanciones podrán ir desde los 30.000 euros hasta el millón.
Caldera, quien comparó el sistema español con el nórdico y consideró que será uno de los mejores de Europa, destacó la importancia del copago según la renta, porque "no sería justo" que, por ejemplo, una persona fuera ingresada en una residencia y sus familiares se quedaran con su pensión y sus recursos económicos.
"Si con esos recursos llega a pagar el 50 por ciento de la plaza de residencia, pues pagará el 50 por ciento; si sólo llega al 30 pagará el 30 y si llega al 90, pagará el 90", recalcó. Según explicó la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Amparo Valcarce, habrá un baremo para medir el grado de dependencia igual para todo el Estado; en función del análisis de los equipos de valoración de las Comunidades, la persona acudirá a los servicios sociales y recibirá su "plan individual de cuidados".
Cuando no sea posible acceder a un servicio al que se tiene derecho, el anteproyecto establece la posibilidad de otorgar al dependiente un ayuda económica para adquirir la prestación en el mercado, aunque Caldera también citó la posibilidad de cambiar de territorio. Un Consejo Territorial determinará esas ayudas y también las prestaciones económicas a las que "excepcionalmente" podrá acceder el cuidador familiar, tras darse de alta en la Seguridad Social.
El anteproyecto recoge como infracciones, por ejemplo, obstruir la acción de los servicios de inspección o facilitar datos falsos, y las sanciones podrán ir desde los 30.000 euros hasta el millón.