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Noticia publicada el 23-04-2008
(Libertad Digital) A pesar de oponerse frontalmente a los trasvases cuando estaban en la oposición, luego en el Gobierno e incluso durante la última campaña electoral, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ha justificado sus posicionamientos, según informa ABC, aprobando un real decreto-ley que permite cualquier trasvase en situaciones de emergencia. Por su parte, en el diario La Razón han asegurado este miércoles que la Generalidad de Cataluña tendrá que expropiar varios terrenos para realizar esta obra. El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural ha cifrado en 180 millones de euros el coste de las infraestructuras.
El Gobierno se ha echado para atrás y ha cambiado radicalmente el discurso mantenido durante años por el Partido Socialista. Mediante un decreto-ley el Ejecutivo ha aprobado que se produzcan trasvases en cualquier lugar en España en el "que se produzcan situaciones de emergencia similares" a las que se están produciendo en este momento en la provincia de Barcelona.
De este modo, intentan justificar lo que han mantenido durante años y lo que han prometido a bombo y platillo, primero durante la oposición, luego en el Gobierno y por último en la última campaña electoral.
En este sentido, con este decreto se permite la utilización de agua del Ebro. Para evitar las críticas de las comunidades autónomas que se han sentido marginadas en el tema del agua, el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha añadido que "adoptará análogas medidas cuando sean necesarias para garantizar el abastecimiento de poblaciones de otros ámbitos territoriales cuando, por circunstancias excepcionales de sequía extrema, se produzcan situaciones de emergencia similares a las que han motivado la aprobación de este real decreto-ley".
El Ministerio cifra en 180 millones de euros el coste del trasvase
Por su parte, en el diario La Razón ha informado este miércoles que la Generalidad de Cataluña expropiará varios terrenos para realizar el polémico trasvase desde Tarragona a Barcelona. La obra, que según informaron las autoridades catalanas, discurría junto a la autopista AP-7, tendrá tramos separados que obligarán a estas expropiaciones.
