El caso del niño ibicenco, Olav Boned, se convirtió en el paradigma de la imposición lingüística en Baleares. Es disléxico y aunque no saca malas notas, le cuesta más que a los demás leer y escribir. Y más si no es en su lengua materna, el castellano.
Ocho meses después el gobierno balear ha contestado por carta a sus padres que el niño debe seguir examinándose sólo en catalán, según ha informado este martes El Mundo. Argumenta el ejecutivo de socialistas y nacionalistas que “la Ley 3/1986 (de Normalización Lingüística) sólo reconoce a los profesores y alumnos de los centros de enseñanza superior el derecho a emplear oralmente y por escrito la lengua oficial de su preferencia”.
Y la consejería de Educación, dirigida por el socialista Tomeu Llinás, añade que “el alumno debe realizar las actividades escolares en la lengua indicada por el profesorado de acuerdo con el proyecto lingüístico del centro”.
El padre de Olav manifiesta indignado en declaraciones al periódico que la respuesta le “parece una locura”. “Deja todo a expensas del grado de catalanismo de cada profesor”.
Tras conocer la decisión, la asociación cívica Círculo Balear ha señalado que las justificaciones de la consejería "no se sostienen jurídicamente". Su presidente, Jorge Campos, recuerda que el pasado noviembre el Tribunal Supremo "dejó la puerta abierta a que se escoja o no la lengua de enseñanza".