A la ministra de Sanidad se le acumula el trabajo en las últimas semanas. No sólo tiene que lanzarse en paracaídas sobre la candidatura de la Comunidad de Madrid, echando a un lado a Tomás Gómez secretario general de su partido en la región. No sólo quiere prohibir a los hosteleros españoles que decidan si en su bar se puede fumar o no. Ahora, tiene entre ceja y ceja a las personas con sobrepeso, a las que quiere ayudar a salir de esa (supuestamente) desafortunada situación. La sociedad española y sus empresas de alimentación pagarán sus desvelos.
La obesidad siempre se ha relacionado con la opulencia. En el pasado, lo normal era que fueran los más pobres los que estaban más delgados, no por una cuestión estética, sino simplemente porque estaban peor alimentados. En los últimos años, sin embargo, las sociedades occidentales están asistiendo a un fenómeno nuevo, las enfermedades causadas por el sobrepeso afectan cada vez a un sector más amplio de la población. Este fenómeno ya es motivo de preocupación para muchas familias y cada vez son más las personas concienciadas de que deben procurarse (y procurar a sus hijos) una alimentación más saludable.
Sin embargo, al Gobierno no le parece suficiente con el razonable cuidado que los ciudadanos ponen a su dieta, y que se refleja en el boom de los productos light y de los asociados a la dieta mediterránea. Trinidad Jiménez piensa que hay demasiados gordos y quizás por eso, este viernes, el Consejo de Ministros ha decidido meterse en las despensas de los españoles a través de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Los motivos: promover "hábitos de alimentación saludables", reducir la "obesidad" y aumentar el control sobre los alimentos. Los medios: algo de intervencionismo sobre la industria, tres nuevos organismos burocráticos y unas cuantas declaraciones de intenciones que sean fácilmente vendibles a la opinión pública.
Discriminación y bollos
Quizás los dos aspectos más llamativos de la nueva Ley (aunque lo aprobado hoy es un proyecto que tendrá que ser ratificado en el Parlamento) sean la "prohibición de discriminación por razón de obesidad" y la retirada de los bollos industriales de los colegios. Lo primero será difícil de conseguir, aunque anticipa una cascada de reclamaciones en los tribunales cada vez que una persona obesa sea despedida o no contratada.
Respecto a la prohibición de las ventas en los colegios de "aquellos alimentos y bebidas" que no se ajusten a las disposiciones de Sanidad, todavía no hay un texto definitivo, aunque los anuncios previos ya han desatado las críticas de la industria. Este mismo viernes, la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha pedido que la incorporación de hábitos alimentarios que promuevan el bienestar infantil se haga desde el consenso y no mediante prohibiciones, y ha recordado que la alimentación en los centros escolares aún está en proceso de debate. En medio, están los padres, a los que el Gobierno ningunea, como si no tuvieran nada que decir en lo que pueden o no pueden comer sus hijos.
Junto a estas dos disposiciones, el Gobierno incluye en el proyecto un "sistema de información homogéneo en seguridad alimentaria, coordinado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria" y establece una "Red Española de Laboratorios de Control Oficial de Seguridad Alimentaria". Además, se crea el "Observatorio de la nutrición y el estudio de la obesidad". Es decir, tres nuevos organismos burocráticos para controlar lo que comen los españoles, como si ellos solos no pudieran.
Para los colegios, además de la prohibición de bollos y bebidas, se incluye un amplio catálogo de obligaciones: "los profesionales de la supervisión de los menús serán profesionales acreditados en el área de la nutrición" y "los centros proporcionarán a los padres información detallada de los menús".
Por supuesto, la publicidad no se queda fuera, y se impulsa el "establecimiento de códigos de conducta" (parece ser que su firma será voluntaria) que regulen las comunicaciones dirigidas a los menores de edad. Según los datos del Ejecutivo, algo menos de un 10% de los niños y adolescentes son obesos; y un 18% más tienen sobrepeso. Es decir, que uno de cada cuatro niños está gordito, algo intolerable que la nueva candidata a las primarias del PSOE no está dispuesta a admitir.