El Congreso de los Diputados ha dado luz verde al Real Decreto Ley que regula los servicios de TDT de pago gracias a los apoyos de CIU, CC y ERC al Gobierno, y no sacó adelante la posibilidad de que esta medida fuese tramitada como proyecto de ley, tal y como solicitó el PP.
La nueva normativa aprobada, en vigor desde el pasado 16 de agosto, permite a cada concesionario de una licencia de ámbito estatal ofrecer el acceso condicional a través de uno de sus canales de TDT. Además, establece que los decodificadores deberán basarse en un estándar tecnológico abierto, de forma que cualquier aparato pueda servir para descodificar la señal de pago de todos los operadores.
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, defendió esta iniciativa asegurando que supondrá una vía alternativa de ingresos para el sector y, al mismo tiempo, responde al interés general. "Interés general es que un Gobierno anteponga el beneficio colectivo de los ciudadanos al de cualquier grupo o cualquier empresa", aseguró.
Sebastián adelantó que la industria audiovisual prevé para finales de septiembre la puesta en marcha de 250.000 dispositivos que permiten acceder a contenidos de pago en la televisión digital. Asimismo, explicó que la ampliación de esta facultad a los concesionarios supondrá "mayor competencia y calidad", contemplando incluso un aumento de los canales en abierto de TDT.
El ministro del ramo aseguró que la TDT de pago es una solución en la que el sector lleva trabajando desde hace dos años, por lo que indicó que "no se debe confundir urgencia con precipitación". Además, recordó que la oferta por los partidos de fútbol ya están a un precio inferior que el año pasado, un ejemplo "contundente de cómo la competencia sirve de inmediato para reducir los precios y aumentar la oferta en calidad".
En esta misma línea, el portavoz adjunto de CiU en el Congreso -clave de la votación, Josep Sánchez Llibre, valoró el Real Decreto Ley, ya que, en su opinión, supone "una nueva opción de negocio y mejora la calidad del servicio". "Es una realidad que este real decreto es pro competitiva", dijo. Sin embargo, mostró su preocupación ante algunos aspectos formales, y pidió que se establezca "un sistema único", de modo que los usuarios puedan acceder a los canales de pago con un mismo descodificador.
Por su parte, el diputado del PP Miguel Ángel Cortés criticó la urgencia de la medida y preguntó si el Real Decreto habría sido aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario en agosto si no se hubiesen roto las negociaciones entre Prisa y Mediapro unos días antes y no se aproximase el inicio de la Liga. "¿Alguien lo puede pensar?", agregó.
Según reiteró Cortés, el PP considera que el procedimiento "es inconstitucional", al tiempo que preguntó a Sebastián "cuál es la urgencia en este caso y dónde están las circunstancias difíciles" que le han llevado a tramitarlo como Real Decreto Ley. Así, afirmó que el desarrollo legal de la TDT de pago "ha favorecido a amigos para forzar alianzas". "Ofrecer zanahorias y utilizar el palo para disciplinar a medios privados", dijo considerando que esta situación "afecta a las libertades fundamentales".
Tal y como ya había adelantado, el diputado de IU Gaspar Llamazares se mostró en desacuerdo con el Gobierno en materia de política audiovisual, ya que, en su opinión, la va abordando "trozo a trozo" y "pacta con cada sector lo que le interesa". Llamazares se preguntó dónde está el interés general de los ciudadanos, que él mismo denunció.
La diputada de UPyD Rosa Díez calificó de "dádiva arbitraria" la normativa que, a su entender, servirá para "echar una mano a los más amigos de los amigos". Asimismo, resaltó que la TDT de pago perjudicará "de forma incontestable" a los espectadores y a la industria y señaló la importancia de tramitar este proceso junto a la Ley General Audiovisual.