El informe del CGPJ al anteproyecto de ley orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo fue realizado por Claro José Fernández Carnicero, que ocupa su vocalía a propuesta del PP. Su extenso texto fue rechazado el 2 de julio por tres de los cinco vocales del CGPJ.

El informe de Carnicero, de 123 páginas, ponía en serias dificultades la ley que Zapatero desea imponer, ya que dudaba de su constitucionalidad. Las líneas maestras que la ministra Bibiana Aído ha impreso al anteproyecto, que sitúan al aborto como derecho, libre hasta la semana 14 y sin autorización paterna a partir de los 16 años eran planteadas como anticonstitucionales, aspecto que el nuevo informe que está ya siendo redactado por Margarita Uría, vocal propuesta por el PNV, está sin duda corrigiendo.

Dicho segundo informe será aceptado el próximo día 15 y remitido al Gobierno el 23, según ABC. Y eso significa un nuevo triunfo de los intereses políticos del presidente del Gobierno frente a los jurídicos.

Atrás quedan algunos de los puntos señalados por Carnicero en su escrito. En él, se apuntaba con claridad la "eminente y reconocida perspectiva feminista, o de género, que inspira el anteproyecto", resaltando el "complicado encaje constitucional" de sus artículos.

Carnicero, según ABC, resaltaba "dos ausencias notorias". Por un lado el texto de Aído no hacía referencia alguna al padre, ni en general a ningún varón. Como tampoco lo hace al "ámbito familiar y concretamente a los progenitores de la mujer embarazada cuando se trata de una menor".

"Debe dejarse constancia de la ausencia de referencia en el anteproyecto a la protección constitucional de la familia, a la protección integral de los hijos y, de forma especial por cuanto deba proyectarse sobre el consentimiento de la menor embarazada, al deber de los padres de "prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que proceda".

Según ABC, el informe de Carnicero también desmontaba una de las mentiras repetidas por Aído y el PSOE, y que señala el apoyo internacional y la legislación externa a la ley del aborto que están elaborando. "En ningún tratado internacional del que sea parte España, y por ende integrado en nuestro Derecho interno, existe ese reconocimiento".

A este respecto, matiza de la carencia de "eficacia jurídica" la "necesidad de adoptar otras medidas previas y preventivas. Es decir, el objetivo último es evitar el embarazo no deseado, no utilizar el aborto como una medida de contracepción, ni integrarla en una política de planificación familiar".

Carnicero también recordaba en su informe, según ABC, que el TC limita el aborto "en tanto esa decisión afecta a un bien jurídico con valor intrínseco, merecedor de protección constitucional, cual es la vida humana del nasciturus". "Cualquier intervención del legislador en la materia debe asumir como punto de partida el artículo de la Constitución Española y la doctrina constitucional de protección de la vida, también la del no nacido".

Esa perspectiva sirve, según señala ABC, para desarmar a la ley de uno de sus puntos fundamentales, el que somete a las famosas 14 semanas el plazo para abortar libremente. "Al optar por la libertad exclusiva de la mujer para decidir acerca de la vida o muerte del concebido, no se ajusta al canon" constitucional.

No existe, según el primer informe, el aborto como derecho. La ley de Aído reconocer una "libertad individual o un supuesto derecho subjetivo al aborto, a partir de una conducta o acto que supone la negación, la lesión o la destrucción de un bien jurídico como la vida humana", violando el artículo 10 de la Constitución, que señala la vida humana como fundamento el orden político y la paz social.

Lo que sigue, según ABC, son nada menos que 18 conclusiones en las que se siguen desgranando irregularidades y se sugieren recomendaciones para corregirlas. Entre ellas, se señala una mayor información a la mujer sobre los detalles de su proceso de embarazo de forma "exhaustiva", así como los riesgos emocionales y físicos de un aborto. También Carnicero recuerda las ayudas económicas y sociales en caso de continuar con la gestación, pero ninguno de estos puntos fue valorado por el Gobierno a la hora de imponer su decisión.