L D (Europa Press) Según las informaciones del sumario, a las que tuvo acceso la Cadena Ser y que recoge Europa Press, Janeiro estaba pendiente de obtener una pensión por invalidez laboral que iba a serle concedida con informes médicos falsos. En esta trama, ya tuvieron que declarar la suegra de Jesulín, que reside en Castellón y estaba dada de alta en otra empresa ficticia para gestionar su incapacidad desde la red que operaba en Cádiz, y su mujer, Maria José Campanario, que salió en libertad con cargos después de abonar los 12.000 euros de su fianza. Además, en el sumario se recogen transcripciones de la conversación entre el dirigente de la organización y la mujer del torero, María Jesús Campanario, para que su madre cobrara la pensión.
La Guardia Civil informó esta semana de que la denominada operación Karlos, llevada a cabo en la provincia de Cádiz, se ha saldado hasta el momento con la detención de 28 personas como presuntas autoras de delitos de fraude a la Seguridad Social, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental y con la imputación de otras diez, a las que habría que sumar la de Humberto Janeiro. Según informó a Europa Press el Instituto Armado en un comunicado, las investigaciones se iniciaron en el mes de octubre del pasado año, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que una persona identificada cómo C.C.M., podría encontrarse implicada en una trama organizada dedicada a la concesión de pensiones por incapacidades laborales mediante procedimientos ilegales, pudiendo estar encargado de captar a personas interesadas en obtenerla de dicha forma.
Tras las primeras investigaciones, constataron que esta persona contaba con la connivencia de un inspector médico (F.C.P.L.), que se apoyaba en determinados facultativos, tanto de atención primaria como especialistas, para expedir bajas e informes médicos falsos e incorporarlos a la documentación necesaria para iniciar el expediente de incapacidad laboral o por accidente, encargándose de supervisar estos documentos mediante cobro de dinero. Además, según la Guardia Civil, informes médicos emitidos por especialistas han podido incluso ser falsificados por alguno de los facultativos implicados.
Para ello, los interesados abonaban cantidades que oscilaba entre los 9.000 y los 24.000 euros, con el fin de beneficiarse de estas pensiones fraudulentas. En los casos en los que el beneficiario carecía de dinero, los dirigentes de esta trama le facilitaban una póliza a través de entidades bancarias, que posteriormente era abonada al banco una vez concedida la pensión. Así, una vez recibido el dinero o parte del mismo, C.C.M. instaba a los aspirantes a dicha prestación que residen fuera de la ciudad de Cádiz a que fijaran su domicilio en esta ciudad, ofreciendo direcciones de familiares del propio C.C.M. y de un facultativo implicado en la trama, al objeto de que el Inspector Médico F.C.P.L, asignado al área de la Bahía de Cádiz, pudiera emitir su informe favorable.
Para ello, previamente el candidato a la pensión debía de estar de baja médica por su facultativo de cabecera, por un especialista o haber sido atendido de urgencias en un centro hospitalario. En la mayoría de los casos investigados, los médicos de atención primaria y especialistas han sido los mismos, todos ellos vinculados y captados por F.C.P.L. Además, varios de estos médicos pertenecían a mutuas, que buscaban un beneficio propio como contraprestación a su actuación delictiva y, paralelamente, pretendían obtener contratos con las empresas dirigidas por el propio C.C.M. a cambio de involucrar a algún médico (en uno de los casos a su propia esposa) para que facilitara las bajas a varios aspirantes a las referidas prestaciones.